Uno de nuestros recientes gobernantes comenzó a utilizar en forma muy frecuente el término de grupos fácticos, para identificar a cierto sector de la clase empresarial del país. Sin embargo, desde un punto de vista de su definición formal, el poder fáctico es el que se ejerce desde fuera del aparato del Estado y se sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir políticamente.
El poder factico ni está legitimado ni busca la legitimación para ejercerse, pero ejerce de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente), ya que su propia existencia le hace ser determinante.
Generalmente no es necesario que se imponga por la fuerza, le basta con explicitar o incluso con sugerir sus deseos para que se conviertan en realidad. La clave del ejercicio del poder fáctico es su capacidad de control de mecanismos externos a la política para lograr el poder político, por ejemplo el dominio de recursos vitales o estratégicos que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía.
Para el caso, en vez de controlar un gobierno de turno, utilizar el mecanismo de controlar o influenciar la legislación de manera legal o cuasi-legal. Ejemplos de poder fáctico es la influencia usada por grupos de poder como pueden ser la banca o la oligarquía así como las centrales sindicales o los medios masivos de comunicación.
Analizando la situación de nuestro país, nos encontramos con un panorama complejo donde sobresalen la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política, una situación macroeconómica complicada por la presión del gasto público rígido e ineficiente-- especialmente el gasto corriente--, altos niveles de inseguridad ciudadana y la falta de cumplimiento de la ley, que ha dado lugar al surgimiento de un clima generalizado de impunidad.
Los problemas estructurales y la debilidad de las instituciones han llevado al país a niveles de inequidad nunca antes vistos, mientras que la pobreza continúa aumentando: en el 2011 la incidencia de pobreza por hogares era del 60 por ciento y según el último Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2011, recientemente publicado por el PNUD, somos
uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, solo superado por Colombia y Haití. En forma deplorable, el nivel de inequidad en el 2011 es mayor que el de 2001.
Las principales determinantes para esta situación de inequidad son: 1. La inequidad en la distribución del capital educativo y los ingresos en el mercado de trabajo; 2. Concentración del capital y de la tierra; 3. Inequidad en el acceso al crédito; 4. Inequidad en la distribución de las cargas impositivas.
Volviendo al tema de los poderes fácticos, resulta evidente que mucho de los problemas que subsisten en nuestro país y que afectan su desarrollo económico y social se relacionan
principalmente con el accionar de dichos poderes, en contubernio con las clases políticas. En otras palabras, podemos identificar en nuestro país los grupos que concentran el poder económico y que valiéndose del mismo, algunos malos empresarios obtienen grandes beneficios del Estado mediante concesiones, contratos con licitaciones arregladas, exoneraciones y exenciones fiscales.
Adicionalmente, tenemos los sindicatos y organizaciones de los empleados públicos, donde destacan grupos como los maestros y los sindicatos en salud y las empresas públicas, que asumiendo un carácter mercantilista y mediante acciones de presión y contando con la benevolencia de los políticos, especialmente cuando andan a la cacería de votos, se han apoderado del presupuesto público. Lo peor de todo, es que todas estas conquistas económicas no traen aparejado un servicio de calidad, ni en educacion ni en salud, para la ciudadanía, negando a las generaciones jóvenes la oportunidad de salir de la situación en que se encuentran y condenando a nuestro país a seguir en su subdesarrollo económico y social.
Ahora que se inicia el proceso político, los hondureños debemos analizar, recapacitar y tomar decisiones objetivas al momento de dar nuestro voto.
Esta es la oportunidad de escoger líderes honestos, capaces y deseosos de transformar nuestro país, sin pensar en su bienestar personal y el de los que lo rodean. Necesitamos respeto irrestricto a la ley, seguridad, salud, educacion, inversión y empleos y no promesas populistas sin ninguna intención de cumplirlas.
