Nuevamente tanto efectivos policiales como militares emplearon violencia excesiva y totalmente injustificada, esta vez en contra de periodistas –la mayoría damas–, que ejercían sus derechos constitucionales de reunión, petición y de libre circulación de manera absolutamente pacífica, exigiendo el cese de los ataques directos e indirectos en contra de la libertad de prensa y el respeto a la libertad de expresión.
Es a la vez condenable y repudiable que mediante la fuerza bruta se busque coartar las garantías con que nuestra Carta Magna ampara a las personas y tutela los derechos humanos.
Los gases lacrimógenos y los toletes nunca deben reemplazar al diálogo y la apertura como instrumentos reguladores de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Cuando eso ocurre, las autoridades pierden credibilidad y respeto ante la población. Pueden intimidar vía represión pero jamás convencer, pueden infundir temor pero nunca lograrán imponer.
La libre circulación y vigencia de las ideas se encuentra en la base de un sistema democrático. Empero, cuando se intenta imponer el criterio oficial como verdad única y absoluta, se desemboca en el autoritarismo, antesala de la tiranía.
Si se cree que la aplicación indiscriminada o selectiva de la violencia estatal es el medio más expedito para “llamar al orden” y acallar la crítica se está cometiendo un grave error, ya que se subestima la capacidad y voluntad del pueblo para, por vía de la no violencia y la resistencia pacífica, hacer valer sus derechos y libertades.
El actual gobierno proclama que el eje de su actuación es la reconciliación y reunificación de la familia hondureña, algo encomiable y necesario que debe ser respaldado por las y los hondureños todos, como acción indispensable para hacer frente, en unidad y coincidencia de objetivos, a los gravísimos problemas que agobian al país.
Pero esa meta no puede alcanzarse con un doble y contradictorio discurso: los enunciados deben coincidir, a plenitud, con la práctica cotidiana, ya que de otra manera se está incurriendo en la demagogia barata. Diario EL HERALDO se solidariza con las compañeras y compañeros colegas gaseados y golpeados y espera que esta demostración de prepotencia no se constituya en una tendencia y en una política de Estado.
De ser así, se estaría confirmando que el imperio de la ley se ha extinguido irremediablemente, y ha sido reemplazado por la impunidad, represión y violencia permanentes.
