Las multitudinarias protestas contra la corrupción en Guatemala y los ataques de boicot contra las elecciones de mañana domingo en México son solo dos ejemplos cercanos del descontento popular contra los políticos que no solo incumplen sus promesas, sino que actúan en contra de los intereses de las grandes mayorías para su propio beneficio o para el de sus allegados.
La fuerte presión popular contra el gobierno del general Otto Pérez en Guatemala, que ya costó la renuncia de su vicepresidenta, de otros altos funcionarios y hasta el encarcelamiento de muchos más, tuvo su punto de partida en la investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) que puso al descubierto una trama de corrupción que operaba en la propia institución recaudadora de impuestos.
Obviamente, lo anterior solo fue la gota que derramó el vaso de la paciencia popular en un país que ha tenido en su clase gobernante a todo tipo de saqueadores y déspotas, entre civiles y militares.
En el caso de México, después de dos gobiernos consecutivos del derechista Partido Acción Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recuperó el poder para el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero eso sí, totalmente desprendido del nacionalismo estatista que lo caracterizó durante las siete décadas. Más bien arrancó con una ofensiva privatizadora que hizo batir palmas a los analistas económicos neoliberales que auguraron gran crecimiento económico para esa nación del norte.
Pero las cosas no han resultado como pronosticaban los mercados y el gobierno de Peña Nieto no solo sigue sin despegar, sino que a las denuncias de compras masivas de votos para llegar al poder se han sumado después escándalos como el de la célebre “casa blanca” que su esposa construyó –según ella con el dinero ganado como actriz de telenovelas—, pero que después se descubrió era producto de negociaciones con empresas que hacían negocios con el gobierno.
Por si esto fuera poco, la desaparición de 43 jóvenes normalistas –capturados por policías y entregados por estos a narcotraficantes—, la inseguridad en general y las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías ha elevado la ira popular y el desprestigio de Peña Nieto, del que actualmente se aprovechan los maestros molestos por una reforma educativa. Lo que resulta obvio es que la tolerancia de los pueblos ante los malos gobiernos es cada vez menor.
