Tercera parte
Esta vez intentamos analizar al partido Alianza Patriótica Hondureña, cuya planificación y organización data de hace algunos años a medida que las Fuerzas Armadas concluyeron que el desgaste de los partidos políticos tradicionales posibilitaba la emergencia de nuevas alternativas y propuestas a ser consideradas por el electorado, y que su crecimiento y profesionalización hacen posible prescindir de caudillos civiles que han buscado la obtención de espacios y cuotas de poder a cambio de concesiones y autonomía legal y fáctica incorporadas en la Constitución de la República.
Así, con la publicación de su personería jurídica, Declaración de Principios, Programa de Acción Política, Estatutos, en el diario oficial La Gaceta del 21 de abril 2012, no. 32,801, el estamento militar cuenta ahora con su propio instrumento político mediante el cual pueden concretar su visión, misión y proyecto nacional, ya no dependiendo de las condicionalidades hasta ahora esgrimidas por las cúpulas Liberal y Nacional.
Estamos ante la recuperación y ampliación de lo que Ramón Oquelí llamó la “soberanía militar”, parcialmente debilitada jurídicamente a partir de la administración Reina, pero neutralizada mediante el papel protagónico castrense en el derrocamiento del presidente Zelaya el 28 de junio del 2009, apoyado por sectores empresariales, mediáticos y religiosos hondureños y respaldado por el estadounidense Partido Republicano.
La tendencia actual es hacia la remilitarización de la política y la administración pública y es en ese contexto que se inscribe la alianza, que de cara a la próxima elección presidencial se presentará como el partido que garantiza el restablecimiento del “orden y la seguridad” cada vez más en precario ante el creciente deterioro de la convivencia y la paz social. Esa estrategia posibilitó en Guatemala que el candidato castrense, general Otto Pérez Molina, triunfara en las urnas, por sobre los contendientes civiles.
Además, su lema “Dios, Patria, Familia”, atrae a los afiliados a organizaciones confesionales.
Su estructura organizativa consta de Asamblea y Directorio Nacional, Asamblea y Directorio Departamental, municipal y local, lo que revela el paciente trabajo de formación de cuadros militantes y de simpatizantes, no solo al interior de las Fuerzas Armadas, sino también dentro de los egresados del Colegio de Defensa Nacional, “encargado de la capacitación del personal militar y civil selecto, para que en acción conjunta de los campos político, económico, social y militar participen en la planificación estratégica nacional” (artículo
289 constitucional) y de los beneficiarios de los programas de Acción Cívica.
Cabe preguntarse si su candidato presidencial, general (R) Romeo Vásquez Velásquez, cuenta con las suficientes dosis de carisma y liderazgo de cara al electorado. Su actuación anterior, durante y posterior al golpe de Estado, será evaluada negativa o positivamente por la ciudadanía, de acuerdo a la postura y óptica de cada quien, sea favorable o desfavorable ante ese acontecimiento histórico cuyas secuelas aún subsisten.
En perspectiva, la figuración sociopolítica de las Fuerzas Armadas de Honduras, “institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante” (artículo 272 constitucional) a partir del 21 de octubre de 1956, alcanza hoy un salto cualitativo de inéditas e impredecibles repercusiones en el mediano plazo.
