Looks de temporada
Mientras los médicos se lanzaron ayer a las calles, la confrontación entre las autoridades de Educación y los maestros también subía de tono al darse a conocer que unos cinco mil docentes serían llamados a audiencias de descargo después de haber violado el derecho a la educación a niños y jóvenes de las escuelas y colegios públicos durante uno, dos o tres días, en el mes de agosto.
Peor aún, mil de ellos, la mayoría de este departamento de Francisco Morazán, deberán justificar sus ausencias de las aulas porque si no lo hacen serán destituidos.
Como era de esperarse, los dirigentes magisteriales que desde hace años desafían una y otra vez a las autoridades de educación, que también con demasiada frecuencia anuncian sanciones que casi nunca se cumplen, amenazaron con demandar al secretario de Educación, Marlon Escoto, por “abuso de autoridad”.
La Secretaría de Educación ordenó que para recuperar todos los días de clases perdidos por los maestros en 2012, el año lectivo debe concluir hasta el 21 de diciembre y también tiene programada la realización de una prueba de calidad educativa en español y matemáticas para todos los alumnos del sistema público el próximo día 27. En ambos casos, los dirigentes magisteriales se niegan a acatar lo ordenado en abierto desafío a las autoridades correspondientes.
Ante esta actitud de rebeldía, es muy atinada la actitud del Dr. Escoto de imponer autoridad a fin de que los dirigentes magisteriales no sigan haciendo lo que se les antoja con el sistema público.
Y es que, si bien el gobierno debe cumplir en tiempo y forma sus responsabilidades para con los empleados estatales, incluyendo maestros y médicos, y nadie puede tampoco negar el derecho a la protesta, la responsabilidad primaria es salvaguardar los de los sectores más vulnerables que obviamente en este caso son los alumnos de las escuelas y colegios públicos, como bien lo ha establecido la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
Esperemos que finalmente los maestros, incluso sobreponiéndose a la línea confrontativa de sus dirigentes, obedezcan las órdenes de sus autoridades superiores porque de lo contrario la Secretaría de Educación estaría legal y moralmente obligada a despedir no solo a los mil que hoy están en lista sino a todo aquel que no dé clases hasta el 21 de diciembre o que intente boicotear las pruebas de calidad educativa del próximo día 27.
Lo contrario sería continuar haciendo changoneta del sistema educativo y de la autoridad.
