Crece el clamor respecto a emitir un decreto de emergencia para enfrentar la crisis que vive la Secretaría de Educación, sin embargo, sería un grave error que dicha declaratoria fuera para otorgarle plenos poderes al señor Marlon Escoto, quien se ha deslegitimado al parcializarse en defensa y protección de la cúpula de la dirigencia magisterial, responsable directa de gran parte de la corrupción y pérdida de calidad en el sistema educativo público.
En todo caso un decreto de emergencia debería ser para nombrar una comisión interventora de la Secretaría de Educación que depure las planillas de pago de todo el personal fantasma y paracaidista nombrado por los políticos y dirigentes magisteriales, además para que proceda legalmente contra aquellos funcionarios de esa dependencia a los que se les comprueben irregularidades en el desempeño de sus atribuciones y que establezca procedimientos transparentes en los procesos de selección y contratación de personal.
Asimismo, dicha comisión se encargaría de emprender los primeros pasos para poner en ejecución la Ley Fundamental de Educación que el actual ministro desprecia y no tiene voluntad de aplicar. Desde el primer día que tomó posesión de su cargo Escoto se declaró opositor a dicho instrumento jurídico que contiene importantes mecanismos que devolverían la gobernabilidad al sistema educativo, razón por la cual es adversado por la cúpula magisterial.
Otro de los objetivos que podría tener la comisión interventora de Educación sería realizar una auditoría externa a todas las organizaciones magisteriales, para que se conozca el monto y destino de los millones de lempiras mensuales que perciben en concepto de aportaciones de los maestros del sistema público y privado del país. De acuerdo con denuncias de los afectados, desde el 2009 los recursos del magisterio son utilizados para financiar las distintas actividades de la resistencia y ahora de la campaña política del partido Libre.
