Editorial

El gobierno hondureño ha anunciado para noviembre la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 al personal médico de primera línea de atención y para los segmentos de la población más vulnerables.

Lo bueno se reconoce, y en medio de la mala gestión de la pandemia en Honduras, hay que aplaudir la decisión del gobierno de iniciar con el proceso que, de más está decir, ya ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE UU (FDA, por sus siglas en inglés) para las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, en ciertos individuos inmunodeprimidos (sistema inmunitario debilitado), y que en Chile, Uruguay y Alemania habían iniciado, incluso, antes de la decisión de la FDA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha estado de acuerdo con la aplicación de la tercera dosis porque apuesta primero a la inmunización de la mayoría de la población mundial, principalmente de los países menos desarrollados, pues, según sus datos, hasta agosto pasado el 80% de las dosis administradas se había dado en los países ricos.

El acceso a las vacunas de parte de países pobres como Honduras sigue siendo un obstáculo para avanzar en las metas de inmunización de su población local, de la cual solo el 20% ha tenido acceso a una o dos vacunas, según los reportes de la OMS.

En medio de la crisis y el azote de la pandemia -que sigue más activa que en marzo de 2020, cuando se detectaron los dos primeros casos de la enfermedad- el anuncio oficial es un paso importante en favor de la población más vulnerable y del personal sanitario que se enfrenta al virus día a día y que muestra signos de agotamiento ante el alto número de pacientes que siguen demandando atención médica y llenando las salas de los hospitales a nivel nacional.