Los activistas del partido Libre protagonizaron la semana anterior en la Dirección de Servicio Civil un hecho a todas luces intolerable, que evidenció los niveles de conflictividad entre las bases del partido de gobierno que reclaman un puesto laboral en la estructura administrativa del Estado.
La agresividad, la intolerancia, quedó registrada en videos que corrieron como pólvora en las redes sociales y en los cuales se vio a agentes de seguridad sacando bajo resguardo al director de la institución, Leonardo Bu, de quien pedían su destitución “por no ser militante de Libre” y promover el despido de muchos de sus compañeros de lucha.
Estos enfrentamientos no son propios de Servicio Civil, pues los llamado “colectivos” han protagonizado incidentes similares en otras instituciones del Estado, teniendo como bandera el mismo reclamo y reflejando los altos grados de sectarismo entre los militantes del partido gobernante. El ministro de Salud lo ha vivido en carne propia.
En el caso de la semana anterior, la presidenta Xiomara Castro salió inmediatamente a suspender a los funcionarios que estaban en el ojo del huracán, asignar tales responsabilidades a su ministro de la Presidencia y dejar claramente establecido que no permitirá “este tipo de desencuentros” en su administración.
Las decisiones de la presidenta parecen no ser del agrado de algunos líderes de su partido que reclaman el derecho de sus activistas a un cargo en la administración pública solo por ser eso, activistas, sin importar si cuentan o no con las calificaciones requeridas para los cargos que demandan y olvidando que la administración pública no es ni debe verse como una agencia de empleos.
Lo que sí es cierto es que las demandas de empleo de los militantes de Libre son las mismas de miles de personas más, que en estos momentos esperan confiadas que las autoridades gubernamentales pongan en marcha políticas públicas que impulsen un crecimiento económico alto, sostenido e inclusivo que genere las oportunidades de un empleo digno.
