ese a que este año es ya de contracción y recesión económica a nivel mundial, el actual gobierno hondureño debe continuar amortizando el servicio de la deuda, tanto interna como externa. La misma ha ido creciendo rápidamente hasta alcanzar montos tales que para un país de bajos ingresos como el nuestro resultan altamente onerosos.
Los regímenes anteriores adquirieron endeudamientos para financiar proyectos no siempre factibles de implementar por su magnitud, lo que sumado al manejo irregular de los fondos percibidos y la falta de capacidad ejecutiva en su administración se ha conjugado para hoy enfrentar situaciones críticas. Las cifras son elocuentes: al 31 de diciembre del 2021 alcanzaba L 179,876,412,883 ($7,371,984,134) en concepto de deuda interna, en tanto que la externa con organismos multilaterales y bonos soberanos representa $8,260,734,105.
La amortización de tales deudas resulta una carga cada vez más intolerable, agravada por factores como el aumento en los precios de los combustibles, alimentos, transporte más el alza de intereses bancarios en Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea, con la consiguiente fuga de capitales hacia esos países.
Así se forma un círculo vicioso de contraer nuevos endeudamientos para el pago de deudas anteriores, lo que puede desembocar en iliquidez e incluso insolvencia, aun si se lograr reestructurarlas con los acreedores públicos y privados, estos últimos son renuentes a tales negociaciones, tan solo interesados en el pago puntual, sin considerar el dramático costo social.
Ciertamente, estos doce meses revelan un panorama sombrío, el cual requiere de total honestidad y transparencia, con rendimiento de cuentas, en el manejo de fondos percibidos por las arcas estatales, además de priorizar los rubros de salud y educación, pilares del desarrollo humano incluyente y sostenible.
