El Congreso Nacional debate esta semana la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Campañas Electorales, necesaria para el fortalecimiento de la democracia y urgente ante la renuencia de los institutos políticos a dar detalles sobre los fondos que gastan, aún cuando parte de estos provienen de los contribuyentes.
La sociedad hondureña está a la expectativa de la discusión en el pleno del Legislativo de la normativa que es impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Parte del debate que ha precedido a la discusión en el Congreso se ha centrado en los techos al financiamiento privado para las campañas electorales, con montos que unos consideran excesivos e incongruentes con la realidad nacional y que además ponen en desventaja a los partidos más pequeños. Pero lo crucial de la ley es que busca evitar que los partidos reciban fondos provenientes del crimen organizado o de actos de corrupción en las mismas instituciones del Estado. Como cuando se descubrió que fondos saqueados al IHSS fueron a parar al partido de gobierno.
El que nada debe, nada teme, y los políticos no deben tenerle miedo a una ley para fiscalizar y transparentar los recursos de los partidos. Más bien deben mostrar que están actuando al tenor de los intereses de país, cuya democracia peligra cuando un instituto político debe favores a grupos criminales que le han financiado una campaña.
Pero tampoco debe usarse un tema tan álgido para negociar reformas electorales, como ha ocurrido, en una especie de chantaje político que es vergonzoso para quienes se autoproclaman como la respuesta a los problemas nacionales.
Regular el financiamiento de los partidos es necesario y hay que hacerlo, pero también lo es lograr un equilibrio entre el derecho de los particulares que lícitamente quieren apoyar a un candidato o partido político, el de los contribuyentes a que sus impuestos sean usados con transparencia y ética en las campañas electorales, y la necesidad de promover elecciones competitivas que consoliden la democracia.
