Hace cuatro años el gobierno de Honduras firmó con el consorcio Empresa de Energía Eléctrica de Honduras (EEH), de capital colombiano, el Contrato de Prestación de Servicios para la Reducción de Pérdidas en el Sistema de Distribución Eléctrica de Honduras, tiempo en el cual no se ha logrado el objetivo, es más, las cosas han empeorado.
Las cifras certificadas por la empresa encargada de monitorear el cumplimiento de ese contrato, Manitoba Hydro international, así lo reflejan.
Cuando EEH asumió esa responsabilidad en noviembre de 2016, las pérdidas diarias de energía eran de 25.3 millones de lempiras y a junio pasado, las mismas ascendían a 40.5 millones, lo que ha pasado a ser el principal problema de las ya deterioradas finanzas de la otrora empresa “gallina de los huevos de oro” del gobierno.
Según una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hecha pública ayer, las pérdidas eléctricas totales de Honduras, en el período 1998-2018 sumaron los 3,379.2 millones de dólares, las más altas de los países de la región centroamericana.
En la misma presentación se reveló que el 25% de la energía que se pierde se usa pero no se factura, es decir que se la roban quienes trastocan los contadores para no registrar su uso real, los que se conectan directo, sin contador o aquellos que tienen uno o más pegues.
La estatal eléctrica está perdiendo más de la tercera parte de su producción, lo que es inaceptable, más cuando hay una empresa contratada para hacer frente a ese problema.
Corresponde entonces a quienes compete sentarse a revisar las obligaciones de las partes —que ya están establecidas en los contratos— y dirimir las diferencias en el marco legal y del contrato firmado por las partes.
Tienen que priorizar, aunque sea por primera vez, los intereses de un pueblo hondureño que ya no tiene fuerza para seguir pagando la mala administración de sus empresas y que se refleja en el pésimo servicio que reciben y las altas facturas que les cobran.
