Al contrario que la del covid-19, la pandemia de la inseguridad vial no tiene control y más bien crece día con día, tal como lo muestran los registros oficiales de estos eventos que causan dolor y muerte a miles de familias en el territorio nacional, más el incalculable impacto en el sistema sanitario que, solo para citar un ejemplo, en el mes de abril de este año colapsó la sala de ortopedia del Hospital Escuela.
Otras consecuencias de las que muy poco se habla son los traumas físicos y psicológicos de por vida, los costos económicos significativos, las demandas judiciales por daños y lesiones a terceras personas, entre otras.
Aunque ya son de sobra conocidas, no está de más recordar que las causas más comunes en este tipo de accidentes son el conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, el irrespeto a las leyes de tránsito, conducir con exceso de velocidad y de manera agresiva -irrespetando tanto la propia seguridad como la de otros motoristas-, el descuido en la revisión diaria del estado mecánico de la unidad y utilizar teléfonos mientras se está manejando, y lo más grave es que todas y cada una de ellas son prevenibles.
La incidencia de estos accidentes y sus impactos requieren de la adopción de políticas públicas a efecto de estabilizar y reducir las elevadas cifras de fallecimientos y traumatismos provocados por los accidentes viales, con carácter de urgencia.
La prevención es fundamental, por lo que urge que se impulsen campañas educativas desde la infancia, y a la par se sea riguroso con la aplicación de la legislación respectiva, en cuanto a los límites de velocidad, uso de cinturones de seguridad, patrullajes permanentes en las vías carreteras, el mantenimiento y señalamiento de esas vías, entre muchas otras acciones que se deben ejecutar con rapidez y firmeza, pues se trata de salvar la vida de miles de compatriotas, ya que una tragedia vehicular puede producirse en cuestión de segundos pero las secuelas son permanentes.
