Alejandra es el nombre de la niña de 16 años que el Jueves Santo fue ultrajada sexualmente por un grupo de jovencitos en las villas de un hotel de playa en Jutiapa, Atlántida.
El caso -que ha generado indignación en toda la sociedad hondureña- fue denunciado públicamente por su madre, una jueza de los tribunales de justicia en la ciudad de La Ceiba, unos días después de ocurrido, con el afán de que el hecho no quede impune.
Han pasado más de 10 días y los responsables siguen libres. Frente a ello, la familia de la víctima se queja por el lento actuar de las autoridades y estas se defienden anunciando que han conformado un equipo especial para la investigación del caso y que se han girado alertas azules a las autoridades migratorias para evitar que los involucrados puedan salir del territorio nacional y con ello evadir la justicia.
La ciudadanía está a la espera de que todas estas acciones concluyan con el juzgamiento y castigo de los responsables, no importando quienes ellos sean.
No se debe permitir que este caso quede impune como lo están más del 90% de los asesinatos de mujeres que se han registrado en el país en los últimos años.
Por eso, los agresores de Alejandra deben ser castigados como mandan las leyes de la República, y como lo espera la sociedad en general.
No está de más que las autoridades competentes lancen campañas educativas alrededor del respeto integral de los derechos de las mujeres y que se atiendan las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras sugirió revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el femicidio en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
