No son buenas noticias para la sociedad hondureña que se aboca a sus elecciones generales en noviembre próximo. Los espacios cívicos, es decir esos entornos desde los cuales la sociedad civil puede participar plena, activa y libremente en la vida política, económica y social del país, en el fortalecimiento de su democracia, en la propuesta de soluciones a los problemas que golpean a la población, vienen, en los últimos años, siendo limitados desde el Estado.
El informe Estado de País, hecho público esta semana por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reveló que la represión gubernamental a los críticos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil son una amenaza a la democracia.
Lo anterior se desprende de las evaluaciones que sobre esta temática han realizado cuatro organismos internacionales y los datos de organismos nacionales que muestran cómo el Estado hondureño en los últimos años ha incrementado su asedio contra los derechos ciudadanos a tal extremo que se ha creado un ambiente de terror, de censura y autocensura.
Las libertades de asociación, de asambleas pacíficas, de expresión y de prensa están en las listas de las más restringidas, según destacan los estudios citados, y en los cuales también se resalta que la corrupción, la violencia y la impunidad afectan la estabilidad del país.
Restringir estos espacios no favorece el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia a la que aspiramos como país, ya que es en ellos y desde ellos en los que la ciudadanía puede participar activamente, sin temor a represalias de ningún tipo, en los procesos de desarrollo de sus sociedades. Tampoco abona al fortalecimiento de nuestra endeble democracia, frente a lo cual la lucha permanente debe encaminarse a garantizar el respeto de los mismos.
