Que el calendario electoral debe cumplirse tal cual lo establecen las leyes hondureñas, no hay duda; es una aspiración de los y las hondureños que el proceso no se altere y concluya con la elección el año próximo de un nuevo gobierno, y que ese gobierno sea resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. Para lograr esa aspiración es prioritario que se calendaricen cada una de las actividades tanto del Consejo Nacional Electoral como del Registro Nacional de las Personas (RNP) y que se garantice el cumplimiento del mismo para dar la transparencia y confiabilidad que el pueblo demanda en esta actividad. Es cierto que el censo arrastra una serie de irregularidades que deben superarse; que los muertos deben salir de los listados, pero también deben arreglarse otros problemas como alteración en las fechas, los nombres, los lugares de nacimiento de los ciudadanos. Por ahora, el trabajo se está realizando en sectores de baja incidencia por el covid-19 y en septiembre se extendería a Tegucigalpa y San Pedro Sula, los principales centros de votantes y también las ciudades más golpeadas hasta ahora por el nuevo coronavirus. Según el cronograma, el RNP entregará 5.5 millones de tarjetas de identidad en enero de 2021. Hay que apoyar ese proceso, confiar en las personas que los mismos partidos políticos asignaron y fueron nombradas bajo acuerdos políticos en el Congreso, todo esto con el propósito de que el proceso electoral se regirá bajo los principios de transparencia, legitimidad, publicidad y confiabilidad que demanda la sociedad. En este contexto, el papel de la clase política junto a la ciudadanía debería ser el de dar seguimiento a toda la actividad de enrolamiento que se está llevando a cabo para asegurar que se cumplirán las aspiraciones de los y las hondureñas y también de la comunidad internacional que está apostando a un verdadero proceso, sin alteración alguna, con el único fin de que el nuevo censo sea altamente confiable y que no deje espacios al fraude. No hacerlo es profundizar todos los problemas sociales, económicos, políticos, culturales en los que se encuentra la sociedad y seguir condenándola a no superar la pobreza y pobreza extrema de su población.
