El 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña, en conmemoración de la jornada histórica que significó la primera conquista política de las mujeres hondureñas, en la que fueron reconocidos sus derechos políticos a través del Decreto No. 29 de 1955 durante el gobierno del entonces jefe de Estado Julio Lozano Díaz.
Hoy, 64 años después, las mujeres pueden ejercer el voto, pero políticamente siguen siendo relegadas y sufriendo los mismos problemas, y en algunos casos más agravados, de los que vivieron quienes en 1955 lideraron la lucha en defensa de sus derechos políticos.
Para el caso, las mujeres han pasado a formar parte, junto a los jóvenes, de los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas se enfrentan actualmente a una de las olas de violencia más agresivas de la historia. Su vida pende de un hilo.
Las cifras son aterradoras.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra en promedio la muerte de una mujer cada 18 horas en el territorio nacional, un alto porcentaje niñas menores de 18 años, y resaltan con preocupación la saña con las que están
siendo asesinadas.
También es aterradora la impunidad que rodea a un alto porcentaje de estos homicidios y la indiferencia expresa de las autoridades policiales y judiciales frente a estos hechos.
Hoy, que se recuerda la gesta por la lucha de los derechos políticos, también se debe reflexionar, demandar y exigir el respeto irrestricto del derecho a la vida de las mujeres que día a día se levantan a buscar el sustento propio y de sus familias y a impulsar, con su esfuerzo, el crecimiento del país que les vio nacer.
Ya basta que ellas y sus pequeños hijos tengan que pensar en ir a otros países, e incluso unirse a las caravanas de migrantes, en busca de la seguridad para sus vidas y las oportunidades de un empleo que les permita soñar con un futuro mejor.
El Estado está obligado a garantizarles el respeto y pleno goce de sus garantías constitucionales en todos los campos de su quehacer diario.