El Congreso Nacional aprobó el fin de semana un aumento salarial por el orden de 14,000 lempiras mensuales para los 128 diputados suplentes, quienes además serán beneficiados con viáticos y gastos de representación, entre otros privilegios.
La acción ha generado el rechazo de la población y ha sido calificada como un abuso de los congresistas que aprobaron el incremento salarial a personal que no cuenta con funciones permanentes, ya que su trabajo depende, generalmente, de la integración a las sesiones del Legislativo en ausencia de los diputados prioritarios, lo que no cambiará, aunque en el nuevo decreto se establezca la obligatoriedad de la presencia en el hemiciclo legislativo de los diputados suplentes y su integración a las comisiones de trabajo.
El repudio ha sido igual al pago de prestaciones que se han recetado altos funcionarios de la actual administración, amparados en un decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre del 2021, en el que se establece que a los funcionarios de confianza o personal excluido se les aplique la Ley de Servicio Civil, es decir, que a ellos se les apliquen por igual los derechos y garantías que tienen los demás servidores públicos en virtud de la misma ley.
La danza de aumentos en el Ejecutivo y Legislativo contrasta con la realidad salarial de miles de millones de hondureños y hondureñas que no cuentan con un salario, de otros que apenas ganan un salario mínimo y de centenares más que deben pelear en los tribunales competentes el pago de estos beneficios establecidos en las leyes laborales del país.
Las acciones de estos funcionarios dejan un mal sabor de boca entre la población que, con su voto, le dio al partido que representan el privilegio de administrar los escasos fondos públicos de un país donde lo que campea es la pobreza y la pobreza extrema.
La acción ha generado el rechazo de la población y ha sido calificada como un abuso de los congresistas que aprobaron el incremento salarial a personal que no cuenta con funciones permanentes, ya que su trabajo depende, generalmente, de la integración a las sesiones del Legislativo en ausencia de los diputados prioritarios, lo que no cambiará, aunque en el nuevo decreto se establezca la obligatoriedad de la presencia en el hemiciclo legislativo de los diputados suplentes y su integración a las comisiones de trabajo.
El repudio ha sido igual al pago de prestaciones que se han recetado altos funcionarios de la actual administración, amparados en un decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre del 2021, en el que se establece que a los funcionarios de confianza o personal excluido se les aplique la Ley de Servicio Civil, es decir, que a ellos se les apliquen por igual los derechos y garantías que tienen los demás servidores públicos en virtud de la misma ley.
La danza de aumentos en el Ejecutivo y Legislativo contrasta con la realidad salarial de miles de millones de hondureños y hondureñas que no cuentan con un salario, de otros que apenas ganan un salario mínimo y de centenares más que deben pelear en los tribunales competentes el pago de estos beneficios establecidos en las leyes laborales del país.
Las acciones de estos funcionarios dejan un mal sabor de boca entre la población que, con su voto, le dio al partido que representan el privilegio de administrar los escasos fondos públicos de un país donde lo que campea es la pobreza y la pobreza extrema.
