El gobierno hondureño dice estar preocupado por la desaceleración de la economía este año y ha anunciado una serie de medidas para enfrentar la misma, y lo más importante, beneficiar el bolsillo de los ciudadanos.
Entre las medidas que se han dado a conocer se encuentran eliminar el Impuesto Sobre Ventas (ISV) a la tarifa de energía eléctrica en el sector residencial para los que consumen 750 kilovatios hora al mes, la ampliación del techo para pago del mismo gravamen en alquileres hasta 10,000 lempiras, así como la emisión de certificaciones y constancias en el
poder ejecutivo.
Estas son medidas que beneficiarán a una clase media que por décadas ha sido golpeada por una alta carga impositiva y a pequeños y medianos empresarios que luchan por mantener a flote sus pequeños negocios y las fuentes de empleo que generan.
Sin embargo, es claro que el país no requiere de medidas aisladas y como lo han planteado economistas, académicos y representantes en el país de organismos financieros internacionales ese plan debe ser integral, es decir, que incluya políticas de carácter fiscal, monetario, crediticio e institucional.
Recomiendan un plan que priorice la inversión y genere un ambiente de negocios propicios para atraer inversiones nacionales y extranjeras, que son las mayores generadoras de ese empleo que demanda la población y en busca del cual son muchos los que optan por irse del país en busca de esas oportunidades laborales.
Paralelamente, el Estado hondureño debe seguir apostando por el fortalecimiento de sus instituciones públicas, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción e impunidad, factores que siguen golpeando fuertemente a la administración pública, y a la población hondureña que demanda más y mejores oportunidades de empleo, pero también de acceso y prestación de servicios públicos de calidad.
