Hace cinco décadas fue derrocado incruentamente el gobierno constitucional presidido por Ramón Ernesto Cruz, siendo de nueva cuenta el gestor de su defenestración el general Oswaldo López Arellano, reeditando así el golpe del 3 de octubre de 1963, el más sangriento en nuestra historia, que destituyó a otro régimen de derecho, el de Ramón Villeda Morales.
Los antecedentes explicativos se remontan a 1971, cuando los partidos Nacional y Liberal suscribieron un acuerdo llamado el Pacto de Unidad Nacional en respuesta al documento elaborado por las Fuerzas Armadas, avalado por el Cohep y CTH: el Plan Político de Unidad Nacional. Las ambiciones por el poder hicieron que ambos institutos políticos presentaran cada uno sus candidatos a los poderes estatales, en vez de un candidato único, como inicialmente se había acordado.
El Liberal escogió a Jorge Bueso Arias y el Nacional a Ramón Ernesto Cruz. Un día antes de la elección presidencial, firmaron un documento adicional bautizado como el “pactito”, rechazando el Plan Político. El desencanto ciudadano se reflejó en el abstencionismo electoral que alcanzó el 50%.
Al triunfar el nacionalismo, el poder efectivo continuó en manos de López Arellano, comandante en jefe de las FF AA y del ministro de Gobernación, Ricardo Zúniga. Ambos manipularon a Cruz, quien carente de habilidades ejecutivas fue incapaz de contrarrestar tales maniobras, imbuido de una estrecha visión legalista, indiferente a la creciente conflictividad social en el agro, ya notoria desde 1967.
La masacre de La Talanquera en la que murieron siete campesinos, el 18 de febrero de 1972, aceleró los preparativos golpistas, además de la marcha de hambre anunciada para el 4 de diciembre en la que convergerían sobre Tegucigalpa miles de labriegos.
Un día antes se consumó el derrocamiento de Cruz, retomando los militares el control del sector público, el cual conservaron hasta 1980 cuando se convocó al pueblo a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, bajo presiones de Washington.
