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¡Todo o nada!

Esta herida infestada que cruza a Honduras no se cura con paños tibios como pretende el gobierno para medio sanar la puñalada brutal asestada por corruptos en este país. Así lo dice la Cancillería, que viene a ser como la oficina de Relaciones Públicas del Ejecutivo, en la entrega formal a la representante de las Naciones Unidas en Honduras de las propuestas y comentarios del gobierno para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH): “En este caso, la opinión del Gobierno de Honduras es que esta comisión debe, además de ser independiente y autónoma, respetar las leyes nacionales. La Constitución de la República establece que se debe respetar la separación de poderes, el monopolio de la acción criminal que tiene el Ministerio Público y de alguna manera cómo se acopla la comisión que será creada en el combate a la corrupción en Honduras. Estas son las recomendaciones de manera general”.

Con ese laberinto de condiciones, mejor que no venga la CICIH, esto es disfrazar la impunidad, las investigaciones y los procesos contra los implicados en delitos de corrupción que celebran desde ya, porque las acusaciones no van a prosperar en las dependencias responsables de perseguir el delito y de impartir la justicia. Apadrinadas con semejantes ideas, propuestas y condiciones que hacen, es alargar la agonía de un país taladrado con discursos contra la impunidad, con populismo que infectan la herida de una corrupción sangrante, cada día más en los bolsillos de delincuentes “honorables”. Esas mismas condiciones fueron apostadas a la malograda Maccih.

Ahora Honduras puede perder otra oportunidad definitiva para combatir la corrupción y la impunidad para enjuagar la profunda herida. Para eso, la CICIH debe permanecer en el país por lo menos diez años, de lo contrario, será imposible que sus acciones asomen en resultados contundentes conforme a los objetivos trazados para la enorme lucha contra el monstruo de mil cabezas, que se sacude en los últimos estertores de un sistema que lo protege. Estamos pues, ante la pos verdad y la burocracia de un sistema judicial acolchonado por las voluntades del Poder Ejecutivo, que confunde transparencia con apariencia: “La corrupción no se combate con el silencio, como decía el papa Francisco, donde la impunidad arrecia de una manera crónica y persistente en cualquier sociedad, por lo tanto, las maneras para combatirla deben ser tenazmente debatidas y replanteadas, de tal manera que se desechen aquellas que no dan solución, como estas que la cancillería propone sin asco”. Es más bien una oportunidad para trazar nuevos enfoques, nuevas perspectivas que apunten a los incentivos y otras a las sanciones, sin privilegiar los tibios y risueños argumentos preventivos ante el colosal crimen de la corrupción.

A la CICIH hay que darle toda la independencia, todas las herramientas y las voluntades políticas, servidas en la mesa de crisis para empezar a resolver esta orgía de sangre y dineros públicos, revolcados en la conciencia de una clase parasitaria de poder y dolo. La CICIH debe conocer cada detalle de los procesos que se necesitan... para que funcione sin negociar aspectos que son fundamentales para su ejercicio en la investigación de un sistema judicial viciado de origen, o un Poder Ejecutivo que no respeta la autonomía de los nombramientos del fiscal general y del presidente de la CSJ, que quedan sujetos a una rifa de compromisos oscuros a la sombra de la política, en un festín de hambrientos reptiles en el Poder Legislativo. Es el momento que ex y actuales funcionarios puedan ser juzgados por actos de corrupción, es la única condición para que este Gobierno se plante en la historia de sus revoluciones, con responsabilidad y coherencia a favor de la moral y la libertad.