Desde hace años, Venezuela ha sido escenario de una prolongada crisis que ha llevado a la migración de alrededor de 7.7 millones de ciudadanos, de acuerdo a estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reflejando el deterioro de los servicios básicos y la disminución de la calidad de vida. En todo el mundo, la inmigración venezolana creció entre 2015 y 2017 casi un 110%, al pasar de 700,000 personas a un millón y medio de migrantes por año.
En este escenario, las elecciones se presentan no solo como un mecanismo para elegir a los representantes del pueblo, sino como una posibilidad de restaurar la esperanza de un cambio positivo. Sin embargo, la credibilidad del proceso electoral se ha visto constantemente cuestionada por la comunidad internacional, analistas y la gran parte de la población, dentro y fuera del territorio venezolano.
Es indiscutible que para lograr una democracia verdadera se necesita un proceso electoral transparente, donde haya garantías para la participación de todas las fuerzas políticas. Hasta ahora, la falta de confianza en las instituciones y en los organismos encargados de la supervisión electoral ha llevado a muchos a ver las elecciones como un mero formalismo.
La experiencia reciente, en la que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro ha sido acusado de manipular las reglas del juego e intimidar a las fuerzas opositoras, ha ahondado la desconfianza de la comunidad internacional. La represión de la oposición, la falta de acceso a medios de comunicación libres y el control sobre el poder judicial son solo algunos de los factores que contribuyen a un clima poco propicio para la democracia. A su vez, el dilema de los venezolanos radica en la posibilidad de una solución pacífica a los problemas que enfrenta el país y se sienten atrapados entre la necesidad de ejercer su derecho al voto y la consciente duda de que dicho voto será respetado. El llamado a la participación en las elecciones, cuando el contexto es tan adverso, plantea una pregunta crítica: ¿es preferible participar en un proceso que no ofrece garantías o abstenerse y arriesgarse a ceder aun más espacio al autoritarismo?
Por otro lado, es crucial considerar el papel de la comunidad internacional. Las sanciones, las mediaciones y los apoyos a sectores políticos tienen un impacto vital. Sin embargo, es evidente que las intervenciones externas deben ser cuidadosas y respetuosas de la soberanía venezolana. La historia ha demostrado que imponer soluciones desde afuera no siempre conduce a resultados positivos. Por tanto, el desafío reside en encontrar un equilibrio que promueva un diálogo auténtico entre las fuerzas internas del país.
En conclusión, las elecciones en Venezuela no son solo un ejercicio de votación; son un reflejo de la voluntad de un pueblo que anhela un cambio profundo. El desafío consiste en activar esos deseos hacia una democracia efectiva y participativa, donde se escuchen todas las voces y se construya un futuro que permita a todos los venezolanos vivir con dignidad y esperanza, donde “el bienestar del país mediante el respeto de la voluntad de la mayoría predomine sobre los intereses partidistas e ideológicos”.
Solo así, Venezuela y nuestros países podrán avanzar hacia una nueva era, dejando atrás los fantasmas de un pasado doloroso y abriendo las puertas a un futuro de oportunidades y desarrollo.
