El nuevo Gobierno ha anunciado un plan de acción para los primeros cien días, el cual se concentrará, primero, en familiarizarse con la situación actual en los temas torales y urgentes, para luego establecer planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Esperamos que las acciones a tomar para temas como el de la ENEE no se sigan postergando.
Otro de esos temas es la adecuación del presupuesto nacional, que obra en manos del Congreso Nacional, para llegar a un nuevo proyecto de presupuesto que responda a las prioridades del nuevo Gobierno.
Como sucede a nivel de las personas naturales y jurídicas, el presupuesto es el instrumento que permite ejecutar los objetivos y las metas definidos para el corto y mediano plazo.
En primer lugar, habrá que analizar las proyecciones de ingresos para validar las mismas. El nuevo Gobierno se ha comprometido a no aumentar impuestos y, por lo tanto, tendrá que tomar medidas para ampliar la base de contribuyentes revisando las exoneraciones y exenciones fiscales y eliminando las que no se justifican, así como identificar a aquellas personas naturales o jurídicas que evaden al fisco. Siempre ha sido nuestro criterio que ningún obligado tributario debería estar exento del pago del impuesto sobre la renta cuando genera utilidades. Esto significa que, mientras una empresa tenga pérdidas en uno o varios periodos fiscales, no debería pagar impuesto hasta que la pérdida haya sido totalmente cubierta por las utilidades de periodos subsiguientes.
Luego habrá que analizar el presupuesto de gastos para ajustarlo a las prioridades del nuevo Gobierno y, además, lograr que el sector público opere en forma eficiente y en función de objetivos, proyecciones y metas claramente definidos. Esta será una labor titánica, pues obviamente existen muchos intereses creados que por años han disfrutado de beneficios del Estado.
Para información, el presupuesto del sector público se ha incrementado un 135% en los últimos diez años, pasando de L 131 mil millones a L 308 mil millones, representando un desproporcionado 48% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el presupuesto de la administración central ha seguido la misma tendencia, pasando de L 89 mil millones a L 179 mil millones.
A pesar de lo anterior, la situación de pobreza, desempleo, subempleo y marginalidad del ingreso sigue impulsando a miles de desesperanzados hondureños a migrar hacia otros países. Adicionalmente, los servicios en educación y salud siguen siendo totalmente deficientes, tal como lo ha demostrado la pandemia del covid que afecta a nuestro país desde el año 2020.
Muchos barrios y colonias están en manos de mareros, provocando sufrimientos y zozobra en sus pobladores, y el narcotráfico se ha incrementado. Y es que los presupuestos nacionales concentran una importante cantidad de recursos al pago de sueldos y salarios y otros beneficios y gastos operativos, en contraste con lo que se asigna para inversión pública, que es la que puede contribuir a mejorar la competitividad del país y a impulsar el crecimiento económico.
Como hondureños debemos estar a la expectativa y exigir cambios estructurales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todos, en democracia. De lo contrario, no nos quejemos.
Otro de esos temas es la adecuación del presupuesto nacional, que obra en manos del Congreso Nacional, para llegar a un nuevo proyecto de presupuesto que responda a las prioridades del nuevo Gobierno.
Como sucede a nivel de las personas naturales y jurídicas, el presupuesto es el instrumento que permite ejecutar los objetivos y las metas definidos para el corto y mediano plazo.
En primer lugar, habrá que analizar las proyecciones de ingresos para validar las mismas. El nuevo Gobierno se ha comprometido a no aumentar impuestos y, por lo tanto, tendrá que tomar medidas para ampliar la base de contribuyentes revisando las exoneraciones y exenciones fiscales y eliminando las que no se justifican, así como identificar a aquellas personas naturales o jurídicas que evaden al fisco. Siempre ha sido nuestro criterio que ningún obligado tributario debería estar exento del pago del impuesto sobre la renta cuando genera utilidades. Esto significa que, mientras una empresa tenga pérdidas en uno o varios periodos fiscales, no debería pagar impuesto hasta que la pérdida haya sido totalmente cubierta por las utilidades de periodos subsiguientes.
Luego habrá que analizar el presupuesto de gastos para ajustarlo a las prioridades del nuevo Gobierno y, además, lograr que el sector público opere en forma eficiente y en función de objetivos, proyecciones y metas claramente definidos. Esta será una labor titánica, pues obviamente existen muchos intereses creados que por años han disfrutado de beneficios del Estado.
Para información, el presupuesto del sector público se ha incrementado un 135% en los últimos diez años, pasando de L 131 mil millones a L 308 mil millones, representando un desproporcionado 48% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el presupuesto de la administración central ha seguido la misma tendencia, pasando de L 89 mil millones a L 179 mil millones.
A pesar de lo anterior, la situación de pobreza, desempleo, subempleo y marginalidad del ingreso sigue impulsando a miles de desesperanzados hondureños a migrar hacia otros países. Adicionalmente, los servicios en educación y salud siguen siendo totalmente deficientes, tal como lo ha demostrado la pandemia del covid que afecta a nuestro país desde el año 2020.
Muchos barrios y colonias están en manos de mareros, provocando sufrimientos y zozobra en sus pobladores, y el narcotráfico se ha incrementado. Y es que los presupuestos nacionales concentran una importante cantidad de recursos al pago de sueldos y salarios y otros beneficios y gastos operativos, en contraste con lo que se asigna para inversión pública, que es la que puede contribuir a mejorar la competitividad del país y a impulsar el crecimiento económico.
Como hondureños debemos estar a la expectativa y exigir cambios estructurales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de todos, en democracia. De lo contrario, no nos quejemos.
