La democracia no se agota en la aritmética parlamentaria. No puede reducirse la gobernabilidad de Honduras a una suma de diputados y a ignorar el mandato de los votantes.
Seria repudiar el mensaje jurídico, político y social de las urnas. Es preciso que el Congreso Nacional sea presidido por el Partido Liberal. Las amenazas a nuestra democracia persistirán.
La clave en los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre no puede desconocerse: alrededor de 10 millones de marcas para diputados, obtenidas por ambos partidos, Liberal y Nacional, solo evidencia la demanda de estabilidad democrática, y si, que en Honduras votamos por un equilibrio de pesos y contrapesos no por hegemonía.
No a la imposición, si al consenso y a la corresponsabilidad institucional. Después del fiasco de un congreso redondo, la ciudadanía demanda un Poder Legislativo como espacio de mediación y de conciliación nacional.
El Partido Liberal, desde la conducción del primer Poder del Estado, deberá fomentar el diálogo, promover acuerdos y desactivar la polarización. Los graves desafíos a enfrentar no admiten la postergación de ese encuentro legislativo que favorezca los intereses nacionales. Que esta vez no sea monopolizado el poder y se afirme un mensaje de inclusión y de respeto a la diversidad del voto, iniciaría el camino a recuperar la credibilidad en nuestras instituciones.
El principio democrático que sustenta nuestro andamiaje jurídico, no imputa que por mayoría simple se conformen todos los órganos del Estado. Al contrario, induce que sean integrados acatando el equilibrio representativo y en respeto a la voluntad popular.
La doctrina democrática, como nuestra Carta Magna, posibilitan los acuerdos políticos cuando estos son legitimados por la búsqueda de la gobernabilidad. La presidencia del Congreso Nacional para el Partido Liberal, honra la democracia, no la contradice. Y es consecuente con la prioridad histórica de construir un estado justo, democrático y equitativo.
