Qué difícil abstenerse de hacer observaciones críticas a la administración pública cuando los funcionarios encargados de velar por los intereses del país dan palos de ciego en su afán de mezclar objetivos políticos electorales con los intereses de la nación. El reciente zipizape por la aprobación de reformas a las leyes penales volvió a desnudar las falencias del Congreso Nacional.
1. Ratificamos que de los 128 padres de la patria, unos cien están becados con 80 mil yucas al mes, los otros 28 medio salvan la cara.
2. Que los becados jamás se toman el tiempo para estudiar los proyectos que se presentan en la cámara; por eso la secretaria no se molesta en entregar los proyectos de ley con anticipación. Muy poquitos reclaman los proyectos y dictámenes a los sordos crónicos de la directiva.
3. Que los becados fueron escogidos (y lo seguirán siendo) para que no pregunten, mucho menos investiguen, sino que estén prestos a levantar la mano para aprobar cualquier proyecto del Ejecutivo, no importa si es o no cuerdo.
4. Que el Congreso casi en pleno, no obstante las voces de alerta que se le hicieron oportunamente, se empecinó innecesariamente en crear un sancocho catracho con el término “terrorista” cuando lo único que faltaba era endurecer las penas que recaen sobre los delitos de extorsión y ampliar su ámbito para calificarlos, como tal, desde el instante mismo de la amenaza, agravando la pena cuando existan lesiones o muerte de las víctimas o daños materiales a sus bienes.
Señores amigos empresarios banqueros, pequeños comerciantes, etc., particularmente aquellos “ubicados en el corredor del molote” (bulevar Suyapa), apresúrense a buscar, y si la logran encontrar, adquieran la carísima cobertura de terrorismo en sus pólizas de seguro de incendio y, si no lo logran en el mercado local, recen, porque los daños que sufran por cualquier molotera callejera no serán indemnizados por las aseguradoras ya que los siniestros provocados por vandalismo, huelgas, alborotos populares, motines o daños maliciosos que antes sí se pagaban ahora pasaran, por la sola voluntad de un funcionario, a la categoría de terrorismo y esta figura no está amparada, es más, está expresamente excluida en los seguros típicos de incendio o de todo riesgo de daños.
*Empresario y analista
