Hasta en el recreo somos aplazados con la escuelita alegre del gobierno. La presidenta Castro ha sido reprobada en la tarea de la lucha contra la corrupción. 8 de los 20 indicadores le faltaron para optar a recursos no reembolsables, evaluados por la Corporación del Desafío del Milenio.
Esta evaluación corresponde al año 2022, primer año del cuatrienio de la presidenta, y con ella dirigiendo el barco, Honduras no accede a los fondos de esta cuenta para el año fiscal 2024.
El Gobierno del socialismo del siglo XXI reprobó los indicadores de calidad regulatoria (50%), acceso al crédito (34%), control de la corrupción (9%), efectividad del gobierno (6 %), imperio de la ley (9%), libertad de información (22%), tasa de vacunación (34%) y tasa de finalización de la educación secundaria inferior de las niñas (39%). Toda una hazaña el aplazamiento en importantes materias que nos asoma a ser un país más o menos decente.
Con esto, llegamos a la gloriosa proeza de casi 20 años fuera de la Cuenta del Milenio, pasando por gobiernos de todos colores, dictaduras, narcos, cómplices y burócratas de caballeriza.
La única vez que el país accedió a un único pacto de la Cuenta del Milenio fue en 2005 durante el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). Honduras recibió un total de 215 millones de dólares, mal ejecutados a lo largo de las administraciones de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Quienes ejercen el poder no pudieron, ni con sus discursos, ni marchas y gritos, ni con amenazas, o mítines y ni con sus asesores de lujo, enfrentar a la corrupción. No pueden controlar la impunidad que heredaron y generaron. Siendo este, un requisito clave para pasar a la Cuenta del Milenio.
Y es que no existe voluntad política para enfrentar la falta de control y transparencia en la gestión pública, porque ellos asumen defender un mayor papel del Estado en la economía popular y la sociedad polarizada. Eso forja más oportunidades para el desvío de recursos y el abuso de poder.
Además, al tener una visión más ideológica que pragmática, este socialismo tiende a justificar sus acciones con fines políticamente “nobles”, como la “redistribución” de la riqueza o la supuesta defensa de los derechos humanos, lo que les hace perder el sentido de la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Más allá de eso, hay una carencia de coherencia y ética en los líderes y militantes de esta administración. Sostienen que la izquierda, al haber sido históricamente perseguida y marginada por las élites dominantes, ha desarrollado una mentalidad victimaria y de resentimiento, que los lleva a aprovecharse del poder cuando lo obtienen, sin importarles las consecuencias para el bien común. Además, al tener una visión más utópica que realista, la izquierda tiende a idealizar sus proyectos y a ignorar las limitaciones y los riesgos que conllevan, llevándolos a perder el sentido de la realidad y el respeto por las leyes.
Las consecuencias de la corrupción en este gobierno de izquierda son muy graves, tanto para el propio movimiento político, como para la sociedad. Porque la corrupción deslegitima y desacredita a la izquierda ante sus propios seguidores y ante el resto de los ciudadanos, que pierden la confianza y el apoyo en sus propuestas y en su capacidad para gobernar. Sumado a ello, la corrupción debilita y deteriora las instituciones democráticas y el Estado de derecho, que son fundamentales para garantizar los derechos y las libertades para promover el desarrollo económico y social.
La izquierda tiene el deber moral y político de ser ejemplar en su comportamiento y en su gestión, con cuentas claras, pero con sus números rojos no salen las cuentas del milenio, ni del socialismo del siglo XXI, que nos está regresando al siglo IV.
