La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) es lo que ha sido siempre: una fiesta infantil donde se reparte el pastel, desde los más pequeños hasta los que más lloran, patalean..., y para quienes no alcanza, se llevan un par de dulces para disimular que la fiesta es para todos y todas.
El Parlamento de Honduras -experto en chantajes, artificios, triquiñuelas de barrio y manipulaciones de zorros magnánimos- afina sus tambores de barra brava, con sus “misas negras” entre las fuerzas políticas de diferentes partidos políticos, entre ellos: Libre, Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, quienes forcejean por distribuirse las 15 plazas de la CSJ, ya que serán electos el próximo miércoles de una nómina de 45 candidatos.
Los designados por la “divina” gana del poder, para el período 2023-2030, deberán ser elegidos con al menos 86 votos de los 128 diputados que integran el Congreso. Y para tener garantía de transparencia, como siempre, tiene que venir la comunidad internacional a resolvernos la calamidad moral de los políticos, que todo lo que tocan lo convierten en negocio, como el Rey Midas y su oro.
La Misión Internacional, liderada por el peruano Juan Jiménez Mayor, exvocero de la otrora Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), estará atenta para darle seguimiento al proceso de elección de los magistrados, también el exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza; y el ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y exviceministro de Justicia de Chile, Jaime Arellano.
Todos ellos apuestan para que la elección de los nuevos magistrados represente “una oportunidad histórica” para Honduras en tema de Estado de derecho y legitimidad de la CSJ, con personas que cumplan con los requisitos de idoneidad, imparcialidad, independencia y ética profesional, para consolidar el Estado de derecho en este país, de mercado libre por la mercancía, donde la justicia es la oferta y la demanda diaria.
Lo peor es que la injusticia es negocio. Por eso, todas las fuerzas civilizadas, aisladas de las mafias políticas, como el sector decente, de los empresarios, líderes religiosos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, evitan caer en las trampas de un Estado autocrático y han reiterado su exhortación a los políticos a que voten por lealtad a la constitución, por los abogados y notarios mejor calificados y con mayores méritos para ocupar el más alto cargo en la impartición de justicia. ¡Impartición, no repartición!
Pero, claro, esa es la utopía en un país imaginario como este, donde las fantasías suceden cada cuatro años o cada siete como en este caso, donde se rifan las conciencias en el baúl de la fortuna judicial.
Pero en esta fiesta infantil, más allá de los turbios negocios, en una perversión de valores, un retorcimiento de las normas y una barbarie legislativa de ambiciones, se espera que la anarquía no llegue una vez más al Congreso, buscando azuzar los fuegos que aún encienden la historia del golpe de Estado, que acabó con el país y los poderes del Estado y derecho.
Honduras tiene la única oportunidad de esta década para encontrarse con la real democracia y la civilización política fundamentada en la libre expresión de la voluntad para la determinación de sus propios instrumentos de la justicia, para asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, a la altura de la moral, del orden público y del bienestar en una sociedad sin becerros de oro, sin el puñal que brilla en la espalda del pueblo y sin los falsificadores del Rey Midas. Nada más que todo lo que tocan estos reyecitos modernos lo convierten en el oro de la podredumbre judicial.
