Cuando creímos que todas las calamidades estaban contabilizadas en Honduras, explotó un hecho sin precedentes: cuarenta y nueve reclusas murieron en una reyerta dentro de una cárcel, desnudando la deshumanización de los hacinados recintos penitenciarios en este país, marcado eternamente por la violencia de criminales acorazados por la impunidad y la corrupción de sus autoridades.
En un infierno se convirtió el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), una jaula superpoblada con más de mil reclusas, cuando su capacidad es de cuatrocientas personas, números que no significan nada para los coludidos en este crimen de lesa humanidad, y que seguramente será archivado en los cajones de las tragedias, como una colección de las omisiones del Estado, incapaz de administrar las prisiones de forma profesional, por civiles adecuadamente capacitados, en vez de pasarle el problema a los militares.
Esta barbarie en el Cefas es la primera registrada en una cárcel de mujeres en el país, cuando en las demás prisiones perdieron la vida mil cincuenta reclusos entre el 2003 y 2019. Todos estos muertos están sobre las espaldas de un Estado vacío, criminal y corrupto, que nunca ha entendido que la cárcel es una institución que tiene como finalidad la reclusión de las personas que han cometido delitos, pero que no implica la pérdida de la dignidad humana ni el desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos, que antes de morir, el Gobierno los “asesina” en circunstancias infrahumanas, insalubridad, violencia, falta de acceso a servicios básicos y vulneración de la intimidad y la seguridad personal, falta de atención médica adecuada y malos tratos que constituyen una grave violación a los derechos humanos y al principio de humanidad que debe regir el sistema penitenciario que hoy son escombros y cenizas de programas efectivos de rehabilitación y reinserción social que impiden el desarrollo integral de los internos y su preparación para el retorno a la sociedad.
Si el Congreso no es capaz de cumplir con reglamentos legales, menos lo hará la cárcel, incumpliendo con su función de resocialización y prevención del delito. Es más bien un espacio de marginación y violencia que agrava las condiciones de desigualdad y pobreza que afecta a toda la población carcelaria.
La presidenta debe replantear el control de este infierno e implementar políticas públicas orientadas a reducir el uso excesivo e indebido de la prisión preventiva y a fomentar el uso de medidas alternativas a la privación de libertad.
Fortalecer el control judicial y social sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y garantizar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la cárcel. Dotar a los centros penales de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para asegurar condiciones dignas de vida y atención integral a los internos. Desarrollar programas educativos, laborales, culturales y deportivos que contribuyan a la realización personal de los internos y faciliten su reinserción social.
Adicionalmente, promover el respeto a la diversidad, la no discriminación en el ámbito penitenciario y brindar una atención diferenciada a los grupos más vulnerables. Además, fomentar la participación activa de la sociedad civil, las instituciones académicas y los medios de comunicación en la defensa y promoción de los derechos humanos en la cárcel.
Estas medidas requieren del compromiso político, jurídico y social de todos los actores involucrados en el sistema penitenciario, así como del apoyo y cooperación internacional. Solo así se podrá lograr que la cárcel sea un lugar donde se respete la dignidad humana o no hacer nada, ya que sale más barato cercar el país entero. Al fin y al cabo, todos estamos presos del miedo, del hartazgo y de la farsa.
