La institucionalidad es algo constantemente aludido en estos tiempos, no en el mejor de los términos y hasta en forma peyorativa, por cuanto su debilitamiento la ha hecho blanco de conveniencia por una parte, y de sospecha por el otro. El término puede parecer vago para quien, ensimismado en los problemas para muchos muy agudos, lo demás le es irrelevante. Pero la institucionalidad es el eje de todo. De funcionar correctamente evitaría el creciente deterioro social en todos sus campos. Difícilmente se atreverían a malversar bienes comunes y a no cumplir sus deberes. La institucionalidad nos atañe a todos. No es asunto solo de políticos y de abogados. Es de todos y cada ciudadano. La institucionalidad es índole del estado de derecho. Decimos de debilitamiento, de pérdida de la institucionalidad porque con ello señalamos que el Estado de derecho y sus pilares: imperio de la ley, separación de poderes, legalidad de la administración pública y derechos fundamentales, se encuentran fisurados o quebrados, y con ello el estado mínimo de bienestar de hondureñas y hondureños, de los habitantes de la nación en general. Una institucionalidad precaria es lo que nos mantiene en la incertidumbre antes las próximas elecciones. ¿Van a haber? Sí, claro que habrá. El problema es si una institucionalidad no funciona debidamente es porque no hay suficientes ciudadanos que ejerzan sus derechos y en consecuencia habrá más funcionarios que no cumplan con sus deberes. Y de un lado y otro se dan aprovechados. Esos que aprovechan únicamente el status y las prebendas del cargo, que hacen lo mínimo, a veces, solo para justificar sus salarios. Vamos a ir a votar, sabiendo que no hay garantías plenas de transparencia. Que si hubo tanto fraude en absolutamente todos los partidos, en las elecciones primarias, para quedar en la impunidad, en la generales habrá más señalamientos. Reales o inventados. Hasta los que se la dan de impolutos vieron para otro lado. Esta vez, no les creeremos los cuentos.
