Si se consulta a la población expresarían que son incontables y lo más preocupante es que estos delitos nunca fueron denunciados, y los que sí lo hicieron están en proceso o no fueron investigados.
Esto hace que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, y lo más grave es que ante la demanda para reducir la inseguridad, la oferta del Estado es insuficiente y las estrategias implementadas son más de control y disuasión del delito que de prevención.
Un tema para avanzar es la formación especializada de los investigadores criminales de acuerdo al tipo de delito. Y es que los procesos de investigación criminal que estén acompañados con los elementos probatorios que sustenten una acusación criminal es la primera respuesta estatal. Es avanzar en la investigación de los delitos, perseguir y atrapar delincuentes, además de encausarles hasta llegar al castigo de los responsables.
La demanda de la población en los diferentes municipios es contar con una oficina de la DPI y de la ATIC para que haga la tan esperada investigación científica criminal, con los recursos y personal especializado para que desarrolle las funciones de identificar los patrones y perfiles criminales, el manejo adecuado de la escena del crimen y la custodia de los indicios de prueba, entre otros, esto con miras a dar respuestas de manera pronta y expedita, porque de lo contrario se está a las puertas de salidas ilegales como lo es, la justicia por mano propia.
En las actuales circunstancias ya se está avanzando en la depuración y reestructuración de la Policía Nacional, además de que se establezca un registro actualizado de los agentes y oficiales de la institución policial que están saliendo bajo cualquier circunstancia; sin olvidar que el procedimiento sea transparente y dar paso al proceso de fortalecimiento de tan noble institución y que en base a resultados contribuya a generar la credibilidad y confianza que necesita la población.
*Directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH
