A los juristas en su retórica les gusta mucho mencionar uno de los conceptos básicos de su teoría, el concepto de Estado de derecho. En los documentos oficiales de las Naciones Unidas, tal concepto se define como “un principio de en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respecto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Con la destrucción del poco aparato estatal con el cual siempre se ha contado en Honduras; en la última administración de Juan Orlando Hernández, el concepto en mención se puso en boga. Teóricamente la definición es completa, no obstante, en la práctica su aplicabilidad ha tenido un sesgo económico.
A raíz del rosario de contratos que el Estado ha venido otorgando a empresas privadas generadoras de energía eléctrica, mucho se ha dicho de lo generosas que han sido esas contrataciones, tanto que, a algunas se les paga sin que presten sus servicios, bajo el pretexto de que es mejor disponer de la oferta para que en caso de necesitarla se disponga de ella, o sea que en una extraña negociación, se ha estado pagando una oferta, no un servicio, a esto hay que agregarle que los precios son elevados.
Consulté con un amigo que estuvo ligado a la Comisión de Transición de la nueva administración sobre ese tema, preguntándole que, si no era posible rescindir esos contratos o por lo menos impulsar una revisión que terminara con tanto abuso en ese tipo de negociaciones.
La respuesta de la consulta realizada es que eso no es posible en una situación de libre mercado porque eso nos exhibiría como un Estado violador de los convenios e irrespetuoso del Estado de derecho, incluso, eso nos expondría a una demanda internacional, en la que lo más seguro es que perdamos el juicio.
Hayek, padre del neoliberalismo económico, en su lucha contra el Estado de bienestar en los años de posguerra fue el que popularizó el concepto de Estado de derecho, más no para referirse a todos los derechos de las personas. Hayek sostenía que para determinar la situación de Estado de derecho es el respeto irrestricto a la libertad económica, entendida como la capacidad ilimitada de comprar, comercializar, invertir, fijar precios.
Los demás derechos, según este teórico no cuentan.Es inexplicable que haya tribunales nacionales e internacionales para dirimir conflictos económicos, con capacidad para sancionar a las naciones cuando estas se salen de los protocolos establecidos por organismos económicos, pero que no sean capaces de dirimir conflictos derivados de acciones que violentan la existencia misma del ser humano.
