El Poder Ejecutivo atinó en promover iniciativa de ley para buscar justicia tributaria. No obstante, se equivocó desde el principio, colocando excesivo énfasis en el control de las exoneraciones fiscales. La justicia tributaria implica muchos más aspectos fundamentales para disminuir el grado de regresividad en el cobro de los impuestos. La racionalización de los incentivos fiscales no es el componente exclusivo. Un craso error ha sido el mecanismo para promover la “socialización” de dicha ley. Dado su carácter controversial y los alcances del tema fiscal, debió procesarse mediante un pacto fiscal enfatizando en sus sobrados aspectos técnicos en lugar de discusiones ideologizadas. El pacto debió ser -y seguirá siendo en potencia- un escenario para el pragmático consenso en lugar de un campo de batalla que siga enredando las decisiones e impidiendo el avance del país.
Es muy probable que después de tantos vericuetos legislativos, por fin se apruebe la denominada Ley de Justicia Tributaria pero, al quedar vigente bajo el contenido básico propuesto, ¿realmente cambiará la realidad de regresividad del sistema y habrá impacto positivo en la economía para superar el raquítico crecimiento en la producción, inversión y empleo?
En realidad, ¿por qué afirmamos que ha faltado un pacto fiscal?
Porque, entendida la necesidad de contar con un sistema tributario que cumpla las mejores prácticas internacionales y que afortunadamente están plasmadas desde hace más de 4 décadas en la Constitución hondureña, es indispensable entender entonces que una economía funcional y dinámica requiere operar bajo un sistema tributario progresivo. Cumpliendo los principios de equidad, proporcionalidad y que cada contribuyente tribute de acuerdo a su capacidad económica. Así funcionan las economías que han logrado mejores niveles de desarrollo. El gobierno (central o municipal) debe cobrar impuestos de acuerdo a la capacidad económica y utilizar esos recursos reinyectándolos eficientemente en la economía produciendo bienes públicos que estimulen los negocios, oxigenen a la economía y auxilien lo mejor posible a los grupos con carencias. Un pacto fiscal es la mejor herramienta para hacer el cambio estructural en la tributación y materia fiscal. El camino de la aprobación legislativa enredó las cosas al no contar con los votos suficientes. Fue un error creer que la aprobación legislativa sería rápida. El pacto basado en datos técnicos hubiese abonado legitimidad en menor tiempo. Se ha incumplido con lo señalado con el propio plan de gobierno del bicentenario (páginas 35 y 36) de realizar un pacto fiscal para eliminar exoneraciones improductivas y reducir la desigualdad. Simultáneamente, se ha perdido la oportunidad de introducir justicia tributaria reduciendo las tasas del regresivo Impuesto Sobre Ventas, heredado del anterior régimen con el paquetazo fiscal de 2014. El contenido del proyecto de ley de justicia tributaria (aun con sus leves modificaciones) no establece ningún compromiso o garantía concreta de mejorar la calidad del gasto público. Una tijera con dos hojas. Se debe de lograr progresividad en el cobro de los impuestos y también garantizar progresividad en los gastos públicos.
El pacto fiscal debe ser simultáneo a un pacto por el empleo para ganarle el valor a lo propuesto por la cúpula de la empresa privada y, más allá de estos pactos sectoriales, administrar el país con base a un verdadero y eficaz plan de nación o, como se guste llamarlo: un plan nacional de desarrollo, visión de país, estrategia nacional de desarrollo o, como le llamábamos originalmente los economistas cuando todavía realizábamos congresos nacionales e internacionales, “proyecto nacional”.
