Transparencia Internacional promueve la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles y en todos los sectores en más de 100 países, liderando así una acción global contra la corrupción. Desde su secretaría internacional en Berlín, esta organización soltó una bomba que, para los gobiernos de la izquierda cleptómana, pareciera que es el fin del mundo, sobre todo porque ellos ocupan los primeros lugares en la “honrosa” lista de la vergüenza. La organización señala que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por doce años consecutivos, el promedio global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción entre los países evaluados.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho, el mundo está experimentando un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Los países con las puntuaciones más bajas en este índice colocan en relieve que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción. Tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia, contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan, al eliminar las consecuencias para los infractores. Desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso descomunal en materia de transparencia, y Honduras es calificada como una de las naciones más corruptas de la región y el mundo. Por mal ejemplo: ha bajado a niveles criminales su control de corrupción, al contaminar de clientelismo político a los órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley, limitándose de recursos suficientes fundamentales para contener la corrupción.
Honduras, que viene saliendo de una dictadura de silencios, para ir entrando a una dictadura de gritos, con prácticas despóticas para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Tal es el caso de los ataques constantes y sistemáticos que ha recibido la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), luego de la exposición del IPC. Esto nos plantea desafíos inmensos a la gobernanza de las estructuras podridas de nuestro país, que dejan al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción. Pero lejos de eso, lo que este gobierno hace es contratar una cuadrilla de sicarios de las redes para amenazar y atacar a las organizaciones de la sociedad civil, con intimidación y represalias por su legítima defensa de los derechos y la transparencia. Criminalizar a quienes les plantean salidas en esta calamidad de miseria e inmoralidad, que saquea los dineros públicos y de paso arrastra con la escasa democracia que nos queda, no es más que un fanatismo al servicio de la impunidad. Es mejor, pues, poner controles institucionales al poder y adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos, antes de que esta corrupción desmorone los gobiernos populistas, pseudo defensores de los intereses del pueblo frente a las élites, mientras ustedes manosean poder público para obtener beneficios privados, con la jactancia del nepotismo, el clientelismo y la compra de voluntades y conciencias, ya tan escasas en esta nación de miseria y derroche discursivo.
Tienen un par de años para cambiar el estado de cosas, antes de que llegue la inestabilidad social, se les debilite el apoyo popular y facilite el surgimiento de movimientos opositores que cuestionan y desafían el poder establecido.
Entiendan que la corrupción es una fuerza que erosiona y destruye los gobiernos populistas desde dentro y desde fuera. Esto requiere de una transformación ética y política que garantice la democracia, la transparencia y la participación ciudadana, antes que ese índice se una a los demás y se convierta un puño contra ustedes.
