El crédito cumple un papel fundamental en la economía de mercado, pues por su medio se incrementan tanto la oferta como la demanda. Dicha palabra se origina en el latín del verbo “credere”, que significa “creer”. En otras palabras, una transacción crediticia está basada en la confianza recíproca entre el deudor y el acreedor.
La mayoría de las empresas y las mismas familias, así como los gobiernos, hacen uso del crédito. Las empresas obtienen créditos para financiar su capital de trabajo, inversiones en activos fijos como terrenos y edificios, maquinaria, equipo, entre otras, mientras que las familias recurren al crédito para financiar gastos de educación, vacaciones y otras como compra o mejora de bienes inmuebles, vehículos, etc. Mientras que los gobiernos acceden al crédito para financiar proyectos de infraestructura, programas sociales, necesidades estacionales, etc.
En Honduras, la mayor parte del crédito es atendido por instituciones del sistema financiero como ser bancos y financieras, debidamente autorizadas para ejercer actividades de intermediación financiera, es decir captar recursos del público en forma de depósitos, préstamos u otras obligaciones para otorgar financiamientos a terceros.
Adicionalmente, existe una red de instituciones privadas que se han especializado en financiar actividades del sector de la micro y pequeña empresa con programas diseñados para dicho sector.
El crédito puede ser de corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la necesidad que se está financiando. Por ejemplo, si se trata de una necesidad recurrente como ser financiamiento de cuentas por cobrar o inventarios a empresas o gastos de educación o personales o vacaciones a personas naturales, el financiamiento es típicamente de corto plazo.
Mientras que inversiones en activos fijos, compra de mobiliario, vehículos, mejoras en casa de habitación y similares se financian a mediano y largo plazo, tomando en consideración la capacidad de pago del solicitante.
En la mayoría de los países, los deudores que han demostrado un buen comportamiento de pago mantienen lo que se denomina una buena calificación crediticia, lo que les facilita obtener nuevos créditos en el futuro.
Por esto es importante que todos los usuarios de crédito traten de cumplir con sus obligaciones crediticias y en caso de problemas inesperados, abocarse a su acreedor para buscar una solución.
Una persona o empresa que se caracterice por no pagar sus deudas a tiempo es considerado un mal sujeto de crédito y registrado como tal en las centrales de riesgo.
Un tema de mucha relevancia es que en su actividad de intermediación financiera, los bancos y sociedades financieras otorgan financiamiento utilizando mayoritariamente los depósitos del público y, por lo tanto, tienen la obligación de manejar prudentemente el riesgo crediticio, pues administran los ahorros de sus clientes y, por ende, del país.
Algunos gobiernos, por motivos populistas o como parte de sus estrategias para mejorar las condiciones de las personas de bajos recursos, han utilizado fondos del erario nacional para facilitar el acceso al crédito para diversas actividades como ser agricultura, comercio, construcción de vivienda, etc.
Desafortunadamente estas experiencias, con sus excepciones, no han dado resultados positivos. Primero porque las instituciones financieras estatales son ineficientes y administradas por recomendados políticos; segundo porque muchos políticos se aprovechan para obtener préstamos sin la mínima intención de pagarlos y tercero, porque pareciera que una parte de los deudores considera que no tiene la obligación de honrar sus deudas cuando el acreedor es una institución del Estado.
Finalmente, para que el crédito cumpla su función en una economía de mercado tiene que existir una cooperación mutua entre las instituciones financieras mediante el diseño de programas de financiamiento que sean adecuados a las distintas necesidades y capacidad de pago de sus clientes; segundo, que el producto del crédito sea efectivamente utilizado para el propósito que fue concedido y tercero, que exista una voluntad cierta de pago del deudor o sea moral de pago.
Si lo anterior no se cumple, entonces los recursos de los ahorrantes por un lado y de los impuestos que pagamos los hondureños, no estarán siendo bien utilizados.
