La urna electoral es una suerte de alcancía pública, hasta tiene la ranura exacta por donde deben caber los altos intereses del país que naufragan por la infiltración del dinero y los intereses del crimen organizado en las campañas políticas. Un problema de 'fondos', más que de formas, moldeado a la imagen y semejanza de un coctel de corrupción y oportunismo, adulterado con narcoactividad que 'lava' las banderas de los desteñidos partidos políticos que bailan con paso ligero en los oscuros salones de la inmoral, mientras la democracia espera su turno para la fiestecita que se nos viene.
Así son los vientos que asoman a un par de meses de las elecciones generales, revoloteando por los aires los papelitos dorados del poder, para el financiamiento de las campañas electorales. La Unidad de Política Limpia (UPL) lamenta que apenas el 36 % de los participantes en los comicios primarios rindieron sus respectivos informes de gastos.
Esta es una campaña electoral estilo Honduras, que como siempre, no podrá contar con altos estándares de fiscalización. Un carnaval de máscaras y descarados de altos niveles de corrupción y delictiva, bailarán en la larga noche del 28 de noviembre. Exactamente como fue el último espectáculo hace cuatro años y como fue antes de antes.
'Hay preocupaciones por la entrada del dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones en las campañas', dijo Ricardo Zúniga, quien se sacude del horror en las oficinas del Departamento de Estado en Washington, porque tienen la certeza espantosa que el dinero del narcotráfico y la corrupción están maniobrando los tentáculos que financian las urnas lúgubres en Honduras. El aviso les cayó en los juicios que se ventilan en cortes de Estados Unidos, donde ha salido a relucir cómo la narcoactividad permeó la clase política y financió campañas políticas en el país.
La historia se repetirá, porque no les ajusta ninguna ambición ni el dinero para alcanzar el poder. Por ejemplo, la ley que rige la unidad de política limpia establece que en el nivel presidencial el tope transparente de recolección para su campaña asciende a 396 millones de lempiras, mientras que para diputados oscilan entre 4 y 14 millones, y a nivel de alcaldías entre 40 millones (en San Pedro Sula) y 74 millones (Tegucigalpa), que son las de mayor carga electoral.
Nadie cumple con eso, 4,500 políticos de 6,000 que participaron en las elecciones primarias incumplieron con el requerimiento de presentar un informe sobre los gastos de campaña. No hay ninguna ley que les doble el brazo donde esconden las fortunas amasadas con polvo y sudor ajeno. Siendo objetivos, debemos decir que, hasta hoy, solo 20 candidatos se han apersonado a la UPL para presentar su cuenta bancaria, frente a los comicios de noviembre.
No hay entonces ninguna fórmula nacional que garantiza unas elecciones limpias, transparentes, ya que la ley UPL se la pasan por la cocina donde se cuecen las habas del poder, sin justicia y sin voluntad política, porque el delito político se sirve frío en una mesa donde catorce partidos políticos se sientan a disfrutar el crimen electoral.
En este macabro banquete también se siente la incapacidad de practicar investigaciones de inteligencia financiera por parte de las fiscalías e instancias de procuración de justicia, que impida rastrear y castigar el uso de dinero sucio en las campañas electivas.
Estamos pues, ante organismos ciegos y frente a una multitud de negociantes de la política que se hacen los ciegos y que evaden el sistema financiero mediante el uso de dinero en efectivo para hacer transacciones eludiendo los controles fiscales. Una práctica común normalizada con decreto, por los que han gobernado sin honor en los carnavales de esta historia de impunidad y de carroña.
Así son los vientos que asoman a un par de meses de las elecciones generales, revoloteando por los aires los papelitos dorados del poder, para el financiamiento de las campañas electorales. La Unidad de Política Limpia (UPL) lamenta que apenas el 36 % de los participantes en los comicios primarios rindieron sus respectivos informes de gastos.
Esta es una campaña electoral estilo Honduras, que como siempre, no podrá contar con altos estándares de fiscalización. Un carnaval de máscaras y descarados de altos niveles de corrupción y delictiva, bailarán en la larga noche del 28 de noviembre. Exactamente como fue el último espectáculo hace cuatro años y como fue antes de antes.
'Hay preocupaciones por la entrada del dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones en las campañas', dijo Ricardo Zúniga, quien se sacude del horror en las oficinas del Departamento de Estado en Washington, porque tienen la certeza espantosa que el dinero del narcotráfico y la corrupción están maniobrando los tentáculos que financian las urnas lúgubres en Honduras. El aviso les cayó en los juicios que se ventilan en cortes de Estados Unidos, donde ha salido a relucir cómo la narcoactividad permeó la clase política y financió campañas políticas en el país.
La historia se repetirá, porque no les ajusta ninguna ambición ni el dinero para alcanzar el poder. Por ejemplo, la ley que rige la unidad de política limpia establece que en el nivel presidencial el tope transparente de recolección para su campaña asciende a 396 millones de lempiras, mientras que para diputados oscilan entre 4 y 14 millones, y a nivel de alcaldías entre 40 millones (en San Pedro Sula) y 74 millones (Tegucigalpa), que son las de mayor carga electoral.
Nadie cumple con eso, 4,500 políticos de 6,000 que participaron en las elecciones primarias incumplieron con el requerimiento de presentar un informe sobre los gastos de campaña. No hay ninguna ley que les doble el brazo donde esconden las fortunas amasadas con polvo y sudor ajeno. Siendo objetivos, debemos decir que, hasta hoy, solo 20 candidatos se han apersonado a la UPL para presentar su cuenta bancaria, frente a los comicios de noviembre.
No hay entonces ninguna fórmula nacional que garantiza unas elecciones limpias, transparentes, ya que la ley UPL se la pasan por la cocina donde se cuecen las habas del poder, sin justicia y sin voluntad política, porque el delito político se sirve frío en una mesa donde catorce partidos políticos se sientan a disfrutar el crimen electoral.
En este macabro banquete también se siente la incapacidad de practicar investigaciones de inteligencia financiera por parte de las fiscalías e instancias de procuración de justicia, que impida rastrear y castigar el uso de dinero sucio en las campañas electivas.
Estamos pues, ante organismos ciegos y frente a una multitud de negociantes de la política que se hacen los ciegos y que evaden el sistema financiero mediante el uso de dinero en efectivo para hacer transacciones eludiendo los controles fiscales. Una práctica común normalizada con decreto, por los que han gobernado sin honor en los carnavales de esta historia de impunidad y de carroña.
