Me preocupa mucho la radicalización que experimenta el gobierno, y a usted también debería preocuparle. Si el año pasado la inestabilidad fue debido a la transición política, este 2023 la radicalización es el motor del conflicto. Los primeros síntomas los vimos el año pasado cuando nuevos funcionarios reaccionaban en plan protesta de calle ante cualquier reclamo o crítica. Hoy, es toda una estructura gubernamental que reacciona fuerte y coordinadamente cuando se siente amenazada.
La Real Academia Española (RAE) no reconoce el término “radicalización”, pero es una palabra que usamos para describir un proceso en el cual una postura, un modo, una actitud o una conducta se vuelve más radical o intransigente. Dicho esto, la radicalización en el gobierno de Xiomara Castro se caracteriza por actitudes que rechazan cualquier contribución o postura contraria a los intereses y creencias de una poderosa cúpula que incluso trasciende la Presidenta.
La radicalización del gobierno tiene una lógica ideológica (refundacional), identitaria (partidaria) y populista (ejercicio del poder), teniendo como combustible la polarización. Su fin último es el control del poder estatal y el monopolio de la fuerza pública para destruir a los enemigos del proyecto político.
Moisés Nahim en su obra “La revancha de los poderosos” plantea que los populistas utilizan las teorías de conspiración para radicalizar. Cuando desde el mismo poder se utilizan términos como “desestabilizar”, “boicot”, “sabotaje” o “complot” sin pruebas o investigaciones, estas palabras no solamente sirven para desviar la atención o evadir responsabilidades, también se utilizan para consolidar el poder.
Las conspiraciones no necesitan pruebas, lo que necesitan son voces que repitan lo mismo para cambiar la realidad a través de una narrativa de victimización y justificar la necesidad de utilizar el aparato estatal para defenderse contra aquellos que supuestamente conspiran.Espero que la radicalización no llegue a episodios de violencia física o muerte. Por eso, es necesario sonar las alarmas considerando la violencia que caracteriza al Estado hondureño.
En los últimos meses, tres secretarios de Estado han renunciado o sido removidos por tener posiciones diferentes a la cúpula radical; algunos altos funcionarios han utilizado discursos de odio contra sectores empresariales y políticos de oposición; se activó el aparato de seguridad nacional para investigar una manifestación pública; gran parte del territorio se encuentra bajo estado de excepción; y, el hostigamiento que sufrió una activista anticorrupción hizo que tuviera que salir del país.
Temo que cuanto más se radicalice el gobierno, habrá menos oportunidades de paz social y más incentivos para la violencia. Honduras necesita hacer frente a la radicalización y, en este momento, solo se me ocurre apostar por un fiscal general que no criminalice bajo los efectos conspiranoicos.
