La autorización de un nuevo desembolso del FMI por $155 millones, gracias a la tercera revisión positiva (la penúltima con el actual gobierno), aunque muy favorable para el flujo de efectivo en el corto plazo, se suma al ya de por sí alto nivel de deuda pública, impactando en el compromiso de las finanzas públicas en el mediano plazo. Aunque el FMI continúa avalando que el grado de endeudamiento público de Honduras sigue siendo “sostenible” y prudente basado en el coeficiente Deuda/PIB, lo cierto es que continúan aumentando los riesgos del creciente gasto en el Servicio de la Deuda, que ya alcanzó a representar el 36% de los ingresos corrientes. Bien podríamos decir que de cada lempira pagado por los contribuyentes, 36 centavos se destinan solo para pagar deuda pública.
Además, tratándose de pagos de cerca de $2,700 millones anuales (equivalentes a cerca de L70,000 millones), continuará creciendo y seguirá siendo el principal rubro de gasto presupuestario igual a lo ocurrido en las administraciones anteriores de Hernández Alvarado (2014-2022). Para tener una idea más clara, el pago de la deuda seguirá siendo el equivalente al presupuesto anual de las Secretarías de Salud y Educación juntas.
Asimismo, el perfil de vencimientos actualizado en enero de 2025 refleja mayores cargas financieras para 2027, pero, también aparecen 2025 y 2026 como años con proporciones de vencimientos elevados, ciertamente menores pero no tan lejanos a lo proyectado para 2027. En un horizonte en el cercano futuro, se vislumbra un 2030 también muy comprometido y muy parecido a 2027. En otras palabras, la administración Castro concluirá el 27 de enero de 2026 y legará fuertes compromisos de deuda por lo menos para las dos siguientes administraciones, lo que debería de obligar a los candidatos políticos actuales a tomar posturas consecuentes para prevenir que los intereses nacionales no continúen tan vulnerables frente al FMI.
Hay que esperar una nueva actualización del perfil de vencimientos de deuda que tenga incorporados tanto los pagos de 2025 como los nuevos préstamos contraídos en los últimos dos meses de 2024 y en el primer trimestre de 2025.
Vale señalar que los desembolsos del FMI, a diferencia de lo que insinúan varios miembros de la burocracia gubernamental, son préstamos con costo financiero relativamente alto. Están lejos de ser préstamos concesionales. De hecho, en comparación a los préstamos de los organismos multilaterales (continentales y globales), son contratos caros en la mayor parte de los casos. Mientras los préstamos con el Banco Mundial se contratan a un promedio menor al 1.0% y los del BID a 2.8%, los del FMI, en el caso de Honduras, con la Facilidad Ampliada del Fondo (EFF), pueden llegar a un mínimo de 6% y con plazos entre 4.5 a 10 años como máximo, mientras los de los multilaterales suelen estar entre los 20 y 40 años. Algunos préstamos con el BCIE y el CAF pueden ser a tasas bajas pero, lo más frecuente, es que las operaciones se adjudiquen a tasas superiores al 7%. Altas tasas, incluso cercanas a las de los bonos soberanos, contraídos con la banca privada transnacional.
De acuerdo a la experiencia, el FMI acostumbra elogiar a los gobiernos “cumplidores” de sus condiciones y “buenos” pagadores, sin importar el costo financiero, económico y social que implique sacrificar en el presente y futuro de los países.
