En todos estos años cerca de los políticos, desconcertándonos con sus negociaciones, artimañas, traiciones y complicidades, aprendimos que muchos apuestan a todo, y en su imaginario de vida hay un enorme vacío de ética y moral, por eso el episodio puede superar la suposición y la imaginación conspirativa.
Entonces, estos congresistas se concedieron lo que conocemos como Fondo Departamental, pero para despistarnos, al estilo Les Luthiers, abusaron de la perífrasis para llamarla “Ley especial para la gestión, asignación, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales”, qué agobio.
Al Ministerio Público no le ha hecho gracia ese campo de fuerza que estos diputados se aprobaron para gastar el dinero de todos sin que nadie diga nada, y ha pedido que lo eliminen; en realidad, presentó en la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el tal decreto 116-2019, que le da una transfusión al sospechoso Fondo Departamental.
Al revisar el controvertido decreto, los fiscales encontraron asombrados que se salta las disposiciones nada menos que de la Constitución de la República, y para mayor escarnio, escapa de las leyes fundamentales para garantizar y dar cuentas, transparencia y decencia al uso del dinero público.
De sobra sabemos que los diputados tienen una función taxativa para crear, interpretar o reformar leyes, nada más, en teoría; pero desde hace años viciaron estos cargos, y salen desde el Congreso con envidiables chequeras para hacer obras: escuelas, electricidad, agua, con la inevitable sospecha de corrupción.
El congresista suplanta la obligación del gobierno local, del alcalde, con la excusa insostenible de que en la capital tiene acceso a ministros y directores. En todo caso, podrían elevar la categoría de los gobernadores departamentales, que solo llenan espacios burocráticos, nadie sabe quiénes son ni qué hacen.
Por su parte, la Fiscalía, que no presume de una excelsa imagen, rompe una lanza por una población que hace tiempo le desconfía, y no falta quien tome esto como una movida subrepticia, más bien para robustecer la avaricia congresional.
Como sea, el recurso está en la Corte Suprema, que tampoco gana aplausos, aunque la recomendación de postergar la vigencia del nuevo Código Penal logró un guiño de la gente. Si lograran parar estas dos corazas para la corrupción, tal vez ganarían un poco de respeto.
