El ingreso anual per cápita del hondureño es de $2,500. Por su PIB, Honduras es el tercer país más pobre de América Latina (EL HERALDO, Dinero & Negocios, 23 de abril de 2019, p. 25). Consecuentemente, las escalas salariales, exceptuando las percibidas por la alta jerarquía burocrática, están entre las más bajas de Centroamérica.
Preocupante es el creciente número de profesionales universitarios aspirantes a ingresar al mercado de trabajo, muy limitado en razón del débil desarrollo de la demanda para personas con grado académico superior, lo que genera frustraciones y el desempeño en actividades no vinculadas con los estudios cursados: un proletariado de cuello blanco, descendiendo de clase media a baja.
Los contrastes laborales entre el sector orientado a la exportación (agropecuario, textilero), utiliza tecnología moderna, ritmo intensivo de trabajo, requiriendo mayor adiestramiento de la mano de obra, de una parte; de otra, el sector productivo para el consumo interno, para comercializar o para la subsistencia familiar, a veces ni siquiera remunerado con el salario mínimo, deprimiendo aún más las escalas salariales.
Algunas tendencias: crecimiento del sector informal, subempleado y sin protección social; trabajo por hora y contratos individuales de corta duración, evitando el empleador pagos patronales por cobertura social y contratación colectiva; reducción en el número de sindicatos, membresía, militancia, menor peso político como grupo de presión a nivel regional y nacional. Las burocracias sindicales progubernamentales se perpetúan en cargos directivos, impidiendo el ascenso de una nueva generación de dirigentes no comprometidos con la patronal.
La alternativa del trabajo independiente o por cuenta propia es limitada, categorizada como empleo informal, sin protección social estatal e incertidumbre e inestabilidad respecto al monto y frecuencia de ingresos percibidos.
Persisten la desigualdad en las escalas salariales pagadas a las mujeres respecto a los hombres por trabajo igual desempeñado; el trabajo infantil en violación de la legislación laboral es el sector más vulnerable a la explotación; discriminación en razón de la orientación sexual del empleado.
“El desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en el desarrollo e inclusión social (educación, nutrición, salud, previsión social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo) aumenta la productividad de los trabajadores. A la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y aumenta los costos de producción” (Uta Dirksen. “Trabajo del futuro y futuro del trabajo”. Nueva Sociedad, No. 279, enero-febrero 2019, p. 72).
