La instalación formal el jueves pasado en Oslo de la mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) da continuación a un proceso iniciado en secreto en La Habana, mediante el cual se busca poner fin a un conflicto armado que ya tiene cerca de medio siglo.
En otras circunstancias, con otros protagonistas, en entornos y con distinto preámbulo, ambas partes ya intentaron en tres ocasiones anteriores encontrar una salida negociada a una confrontación fratricida que ha dejado centenares de miles de muertos y millones de heridos y desplazados.
En 1980, en el gobierno de Belisario Betancur, incluso se llegó a la formación de una agrupación política, la Unión Patriótica, desde la que los rebeldes podrían aspirar llegar al poder ya no por la vía de las armas sino por medio de los votos. El sueño se esfumó con el asesinato selectivo de la mayoría de las dirigentes de la UP a manos de paramilitares, narcotraficantes y agentes del gobierno, lo que sirvió de excusa a los rebeldes para mantenerse en armas.
Una de las diferencias de este y otros intentos de diálogo para alcanzar la paz -además del debilitamiento moral y militar de las fuerzas guerrilleras por su incursión en el narcotráfico y por los vastos recursos con que Estados Unidos ha financiado la guerra en su contra- es que esta vez no hay concesiones previas. Ni siquiera hay un alto al fuego, mucho menos zonas desmilitarizadas como ocurrió en la administración Pastrana.
Quizá sea esta misma situación difícil por la cual atraviesan las FARC, que hoy se encuentran también en las listas de organizaciones terroristas de Washington y la Unión Europea, la que más posibilidades de éxito ofrece al proceso negociador que comienza en firme el próximo 15 de noviembre en La Habana.
Aunque tampoco se puede negar que la paz tiene muchos y poderosos enemigos en Colombia, comenzando por el propio expresidente Álvaro Uribe y su influyente entorno político, al igual que los círculos más guerreristas del ejército colombiano y también de las mafias del narcotráfico que operan en ignominiosas simbiosis con guerrilleros y paramilitares.
Todo depende ahora de la firmeza del presidente Juan Manuel Santos y la voluntad de las FARC, estimulada por los países garantes (Noruega y Cuba), de los acompañantes (Venezuela y Chile) y de toda la comunidad internacional que también apoya el fin de esta guerra fratricida que solo males ha causado a la nación y al pueblo de Colombia.
