Una calificación de riesgo soberano es muy parecida a la que le realiza un analista bancario al solicitante de un préstamo. Su objetivo es medir la posibilidad de recuperación del empréstito, mediante la atribución de un indicador que establece el nivel de responsabilidad que tendrá en el proceso el sujeto o emisor de las obligaciones contraídas.
La determinación de ese riesgo soberano consiste en la evaluación del marco legal y constitucional del país: sus fuentes de ingresos, solvencia económica, la capacidad de contratación y sus mecanismos de control e información, que aseguren transparencia en el uso de los recursos tomados a cuenta de crédito.
De aquí derivan unos índices de tipo cualitativo pero también cuantitativo, que involucran diferentes áreas de la nación en su carácter económico y, en consecuencia, respecto de la calidad de vida de la sociedad: cuentas públicas, variables macroeconómicas, presupuesto nacional, eficacia de la gestión pública; así como la opinión de analistas sobre aspectos, subjetivos en buena medida, con relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se observen en el país sometido a estudio.
Con la emisión de un bono soberano por US$ 750 millones, de los cuales ya fueron colocados US$ 500 millones, nuestra Honduras ha decidido exponerse a un escrutinio de tal naturaleza del que deriva un lenguaje sofisticado, nuevo para la mayoría de la población, que nos habla de plazos, tasas de interés, canasta de monedas, opciones, canales de comercialización de dinero, mercado de capitales, liquidez, niveles de seguridad y demás hostilidades.
Es decir, como sociedad, debemos irnos acostumbrando a recibir noticias de esa fuente, que así como son oportunas para hacer escarnio del Gobierno cuando la calificación viene en picada, también debe ser una feliz coyuntura para analizar las causas que están detrás de los problemas y la responsabilidad solidaria que tenemos cada uno de los hondureños en esa realidad.
Aparte de ese ejercicio, el de descubrir nuestra responsabilidad solidaria, también debemos hacerle una observación a las tales calificadoras de riesgo, en especial por su cuota de compromiso, que la historia inmediata no puede ni debe olvidar, en acompañar el agravamiento de externalidades que tienen, sin duda alguna, sumido en el caos sistémico al mundo entero, pero que para economías crónicamente debilitadas como la hondureña han golpeado en pleno rostro a la sociedad.
Es cierto, hay necesidad de exigir al Gobierno (o en todo caso al Estado) que haga su tarea, porque invariablemente es al Estado al que le toca acudir a recoger los platos rotos en tiempo de crisis; pero también no es posible que lo que hace un rato se había calificado como triple A, en un momento, como del rayo, provocó el colapso financiero mundial y el desbarajuste de las políticas neoliberales agrupadas en el consenso de Washington.
Tales externalidades han provocado una dramática brecha entre la demanda y oferta globales. Solo como ejemplo, la capacidad productiva mundial está infrautilizada, lo que es inaceptable en un mundo en el cual existen muchas necesidades sin cubrir.
Pero la subutilización más grave, sin contar con los despojos que ya están presentes por el cambio climático, es la de los recursos humanos: en adición a los más de 250 millones de desempleados a causa de la recesión, hay miles de millones de personas que no tienen formación para poder utilizar plenamente su potencial humano, y muchas que están formadas no tienen un empleo acorde a sus capacidades. La inmensa mayoría son personas jóvenes, para quienes el único riesgo que logran percibir es la imposibilidad de llevar el sustento diario a sus familias.
Honduras y su insignificante bono soberano por US$ 750 millones no habrá de cambiar ese panorama ni para bien ni para mal, por muy interesantes que se pongan con nosotros las calificadoras de riesgos, eso es seguro.
Lo importante es que estemos conscientes de nuestra situación para que continuemos en la búsqueda de soluciones porque, al final, como dijo Barack Obama en su discurso de toma de posesión en noviembre de 2008, “en este país subimos o caemos como una nación, como un pueblo”.
