El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, ni a torturas ni a penas degradantes; el derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y de expresión, de reunión y de asociación pacíficas; el derecho a que la base del poder público sea la soberanía popular expresada mediante elecciones periódicas y voto secreto constituyen, entre otros, los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París en diciembre de 1948. Dicha declaración no “confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona”, para intentar la supresión de cualquiera de los derechos y libertades en ella proclamados.
Si se coteja esta declaración con la Constitución de Honduras, se verá que los derechos y garantías universalmente aceptados están recogidos y desarrollados admirablemente en nuestra Carta Magna; y que, en cuanto a la parte orgánica, el poder está dividido en las tres ramas clásicas de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estableciendo un balance entre ellos, en beneficio de la libertad de los gobernados. Entonces, nuestra Constitución no es “un adefesio jurídico”, como con torpeza la calificara un político extranjero.
Por otra parte, hace más de dos mil años Zheng, el primer Emperador de China, ordenó que se quemara la mayoría de las obras historiográficas de poesía y filosóficas de sus reinos con el propósito de extender la ignorancia, impidiendo así que el pueblo recordara y pudiera desafiar nuevas leyes invocando la tradición y la historia. También Zheng mandó a ejecutar a los que preservaban o divulgaban dichas obras.
Durante los últimos 15 años –después del colapso del comunismo en Europa-- en América Latina han surgido gobiernos que se proponen ser aprendices de Zheng. Solo que ahora sus acólitos no queman escritos, si no que en violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, intervienen o incautan los medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos para que el pueblo no reciba información independiente, si no que solo la estatal en cadenas nacionales.
En tal sentido, también convocan a asambleas constituyentes para abolir sus constituciones políticas, sindicándolas como culpables del atraso, de la corrupción y la pobreza de sus naciones. Pero las leyes, las instituciones y, en particular, las constituciones no son culpables de las acciones de las personas, hombres y mujeres que ocupan posiciones de poder. Algunos políticos, emulando a Zheng, creen que aboliendo la Constitución el pueblo se olvidará de sus derechos y garantías. Y en cuanto a la parte orgánica, los imitadores de Zheng pretenden establecer un ejecutivo absoluto que controle a los poderes legislativo y judicial, como medio para perpetuarse en el poder.
En todo régimen inspirado por la tentación totalitaria suele formarse una oligarquía de poder, generalmente ambiciosa y corrupta. Por eso se ha dicho que “el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. En América Latina, es Venezuela, donde nueva oligarquía lleva 14 años consecutivos en el poder, ha manejado más de 800 mil millones de dólares por las exportaciones del petróleo y, sin embargo, el país está quebrado y endeudado; su déficit fiscal llegó al 17% del PIB, y la deuda pública alcanzó el 49% de PIB. Solo a China –de lo que se conoce-- le debe más de 55 mil millones de dólares; hay racionamiento de alimentos (entre otros bienes demandados por el pueblo) y los apagones de energía eléctrica abarcan casi la totalidad del país, no obstante ser Venezuela el segundo país con más reservas de petróleo comprobadas en el mundo. Pero, sobre todo, no hay libertad de elegir un nuevo gobierno.
Las elecciones de abril de 2013 fueron la expresión del más inmoral fraude electoral, que no solo burló la soberanía popular, si no que también sometió a tratos degradantes en plena Asamblea a representantes del pueblo que no pertenecían al partido de Gobierno.
En el reciente pasado, en Honduras, un grupo de políticos de izquierda subrepticiamente se apoderaron del control del Partido Liberal y, utilizándolo como trampolín, alcanzaron el poder, formando con su grupo ideológico una oligarquía plutocrática poderosa que aspiraba a perpetuarse en el poder por diversos procedimientos al margen de la ley. No lograron su propósito y tampoco fueron expulsados del Partido
Liberal que los había llevado al poder. Simplemente, se sublevaron contra su propio partido y, cumpliendo compromisos internacionales, organizaron un nuevo partido, que anuncia que convocará a una asamblea constituyente para abolir la Constitución Política.
Al parecer, este grupo oligárquico desea, como lo hiciera el emperador Zheng, que el pueblo se olvide de sus derechos y garantías y establecer un Gobierno absoluto sin controles institucionales; en fin, una dictadura que imponga su voluntad, su capricho y arbitrariedad a todo el pueblo, vale decir, un socialismo del siglo XXI.
Honduras no dispone –como Venezuela-- de petrodólares y de una cuantiosa reserva comprobada de petróleo. Por lo que un ensayo del socialismo del siglo XXI en Honduras sería mucho más catastrófico que el que sufren los venezolanos, quienes a pesar de los masivos ingresos del petróleo, están peor que nosotros.
No hay que creer en cantos de sirena: el crecimiento económico y el desarrollo social solo se logra por medio de la inversión productiva, que reactiva la economía, genera empleo y tributos que hacen posible que el Estado, administrado con las manos limpias, desarrolle una política social para reducir la extrema pobreza.
Piénsese, que si Honduras hubiera recibido el 1% de lo que Venezuela ha recibido durante los últimos diez años –es decir unos 8 mil millones de dólares, bien administrados--, ya habría reducido la pobreza y estaría en camino de convertirse en una economía emergente. La bonanza económica no se logra por decreto ni con una nueva constitución; en el caso de Venezuela solo ha empeorado su situación política y social y ha dado lugar a un régimen opresivo, del cual no puede liberarse.
