El empresario Miguel Facussé no retirará las órdenes de desalojo de los campesinos de la margen del Aguán porque, a pesar de haber formalizado su compromiso de pago, no ha recibido ni un centavo por la venta de las tierras, dijo su representante financiero, Róger Pineda.
El entrevistado dijo que a Facussé “le alegra” que el gobierno finalmente haya convencido a los campesinos para que aceptaran el préstamo, pero aún faltan varios pasos que dar que el empresario prefiere esperar para proceder a retirar las órdenes de desalojo.
Estas órdenes fueron presentadas el primero de junio en el Cuartel General de Casamata, pero el ministerio de Seguridad no ha procedido a ejecutarlas porque ya hay un acuerdo formal con los campesinos.
Además, el portavoz de la Policía, Héctor Iván Mejía, declaró que un probable desalojo no era tan fácil y que era preferible tomar las medidas de precaución antes que contribuir a un mayor derramamiento de sangre.
El representante financiero de Facussé dijo que el deseo del empresario es que sus tierras de la margen derecha sean pagadas por los campesinos, al mismo tiempo que las ubicadas en la margen izquierda, cuyos dirigentes fueron los primeros en firmar el financiamiento ofrecido por el gobierno a través del Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi).
El financiamiento de 546 millones entre los dos sectores será pagadero a 15 años plazo, con tres años de gracia y a una tasa del seis por ciento de interés anual.
El dinero será pagado en efectivo y de manera simultánea el productor de palma africana deshipotecará las 4,045.7 hectáreas que fueron vendidas a un precio de 135 mil cada una a unas 3,500 familias que conforman el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
La firma del convenio de pago tuvo lugar anteayer en Casa de Gobierno y de esta forma termina, supuestamente, uno de los conflictos agrarios más prolongados y sangrientos que ha tenido el país en los últimos decenios. Como resultado de este problema han muerto unas 60 personas, entre campesinos (la mayoría), guardias de seguridad, militares, policías, jueces, empleados de la Corporación Dinant y personas alejadas al conflicto.
El gobierno todavía está pendiente de entregar al MUCA siete mil hectáreas prometidas en abril de 2010, cuando se firmó un acuerdo mediante el cual los campesinos desalojaron más de veinte fincas ocupadas al inversionista en diciembre de 2009. Un fideicomiso administrará la producción del MUCA en los próximos 15 años.
