El exfiscal general Luis Rubí se negó a firmar un acuerdo para que el personal operativo utilizara bienes incautados al crimen organizado como apoyo logístico.
El convenio se tenía que rubricar con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pero según su director, Humberto Palacios Moya, el exfiscal nunca quiso llevarlo a cabo.
“No sé cuál era el problema de él, pero nunca quiso firmar el contrato por más que yo rogué”, señaló Palacios Moya, quien confirmó las investigaciones realizadas por EL HERALDO en las últimas semanas.
La OABI estaba adscrita al Ministerio Público, pero en enero de 2012, mediante decreto legislativo, fue traspasada al Poder Ejecutivo.
Administrativamente ahora está bajo el mando de la Secretaría de la Presidencia.
Carros, casas, edificios, haciendas, barcos y aviones son parte de las riquezas que, tras ser incautados por casos de lavado de activos, son tutelados por la OABI mientras se dicta sentencia definitiva sobre la posesión de los mismos.
La OABI administra bienes valorados en unos 600 millones de dólares (1,200 millones de lempiras), según estimó la semana pasada Palacios Moya.
El funcionario fue categórico al apuntar que al estar el exfiscal Rubí como cabeza del Ministerio Público “no dejaba de molestar” en el proceso de asistencia que la OABI quería prestar a los fiscales.
El exfiscal Luis Rubí y el exfiscal general adjunto, Roy Urtecho, presentaron su renuncia el 25 de junio pasado en medio de un proceso de intervención por el que atraviesa la Fiscalía General.
El Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora del Ministerio Público que inició funciones el 18 de abril y durante su periodo de vigencia se dejó en suspenso de sus funciones a Luis Rubí y Roy Urtecho.
El periodo de la Comisión Interventora termina el 1 de agosto, luego de que se ampliara por 45 días más el plazo de dos meses que se le dio a esta entidad para reorganizar esa institución.
“El proceso de depuración me parece que está caminando bien y creo que ya la separación del fiscal general y el fiscal adjunto, pues dejó de haber dos mandos y eso no dejaba de estorbar”, acotó Palacios Moya.
“Nosotros estamos trabajando, se va a firmar un convenio marco que hacía falta y que el abogado Rubí nunca quiso firmar y que eso permite que la OABI le entregue los insumos que necesita el Ministerio Público, principalmente la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, entre otras”, indicó.
La firma del acuerdo se realizará en un acto público, dijo el director.
Legislación
OABI puede ceder temporalmente a operadores de justicia algunos bienes incautados mientras se define su destino en el Poder Judicial.
Sobre los bienes que pase al Estado mediante sentencia, la OABI debe hacer la distribución entre los operadores de justicia, en base a lo establecido en la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
La OABI ya ha hecho algunos adelantos de transferencias a dependencias del Ministerio Público, entre estas la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), pero se ha detectado que esta unidad no ha hecho un buen manejo de los recursos.
Puso como ejemplo que la DLCN tenía 12 perros entrenados para detección de droga, pero al final “ninguno pasó la prueba” de que estaba apto para esa labor.
“Ahora hay que hacerle la prueba a los agentes para ver si pasan, nada andaban haciendo y por eso es que no hay ninguna captura y entonces se les adelantaron 42 mil dólares para que mandaran a traer nuevos animales y entrenarlos aquí para lo cual ya está en Honduras una comisión de República Dominicana, para entrenar a esos canes”, expresó Palacios Moya.
¿Y las lanchas?
El director de la OABI denunció que había varias lanchas decomisadas de las que no se sabe su paradero.
Pero, aclaró, se hace un trabajo con la Fuerza Naval de Honduras para ubicar esa naves, tal y como lo indicó EL HERALDO ayer.
Como parte de esa labor mancomunada se lograron encontrar 69 lanchas y ya se inició un proceso para subastarlas.
¿Y los carros?
En cuanto a los carros que fueron asignados al Ministerio Público, la Comisión Interventora ya encontró 90 vehículos de los 131 que estaban sin paradero conocido y que una buena cantidad estaban destinados a la parte administrativa.
Estos vehículos habían sido traspasados temporalmente por la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Según documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO, el exfiscal Luis Rubí se asignó 24 carros de lujo todoterreno como Prados y Hilux 3.0.
Los carros que fueron encontrados se distribuyeron a unidades operativas a fin de que los fiscales cuenten con esos recursos para sus actividades.
En el Ministerio Público existen unos 600 fiscales y ha sido histórica la falta de logística de transporte.
No obstante, todavía no se ha indicado el paradero del resto de 41 automotores incautados.