Tegucigalpa, Honduras.- El sector empresarial de Honduras se encuentra con profunda desconfianza por el proceso electoral que se avecina, esto según un informe elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En su primer informe llamado "Barómetro Electoral Cohep 2025", se aplicó una encuesta 639 empresarios, de los cuales el 62% son micro y pequeños empresarios.
De estos, el 96.24% considera que las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre son vitales para "la supervivencia y desarrollo de sus negocios". No obstante, el 84.51% de los entrevistados manifestó tener "poca o ninguna confianza en el proceso electoral".
Una amplía mayoría de los encuestados, con un de 93.9%, indicaron que los candidatos presidenciales deberían someterse a debates. Además, esta misma proporción opinó que el sector de la empresa privada debe tener una mayor participación en la formulación de políticas públicas.
Respecto a los aspirantes a la presidencia, los encuestados destacaron a Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional) como los presidenciables más abiertos al diálogo con el empresariado, con un 48.8% y 30% respectivamente. En contraste, Rixi Moncada (3.8%), Nelson Ávila (2.35%) y Mario "Chano" Rivera (0.47%) son los candidatos menos receptivos a entablar diálogos.
Por otro lado, el 94.8% señala que es importante que se efectúe una transición de gobierno, pues para más del 90% del empresariado encuestado calificó como "desfavorables" las políticas económicas y laborales para la generación de empleo y crecimiento.
En cuanto al clima de inversión en el país, el 54.46% de los empresarios expresó estar "insatisfecho", mientras que el 38.50% se declaró "muy insatisfecho".
Además, el 77.93% percibió que la corrupción ha aumentado bajo la administración de Xiomara Castro; a criterio del 31.9% de los encuestados señaló que el combate a este flagelo debe contemplarse entre las principales prioridades del país.
Los encuestados también fueron consultados sobre su percepción acerca de la Ley de Justicia Tributaria impulsada desde el oficialismo, pero que tras más de tres años de gobierno sigue sin aprobarse.
El 71.3% de los empresarios expresaron que temen que su aprobación "conlleve la pérdida de empleos, afectando directamente a la competitividad y la inversión". También el 92.9% aseguró que no existió un diálogo con el sector empresarial acerca de este proyecto de ley.
La empresa privada exige al próximo gobierne que centre sus esfuerzos en garantizar seguridad jurídica, reducir la carga tributaria y combatir la corrupción.
