Militares retirados que ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas (FF AA) y que ahora forman parte de partidos políticos pidieron ayer al presidente Porfirio Lobo Sosa darle más pensamiento al Decreto Ejecutivo mediante el cual autoriza a la Secretaría de Defensa y a las FF AA impulsar proyectos de inversión forestal utilizando los predios del instituto armado.
Y es que estos predios son administrados por las Fuerzas Armadas pero en definitiva, son propiedad del Estado y su pueblo.
En virtud de lo anterior, el usufructo de esos recursos no debe ir a parar a las arcas del Instituto de Previsión Militar, donde únicamente serán beneficiados los militares.
La medida, a cinco meses para que termine el gobierno, crea suspicacias, ya que en el pasado, en la década de los 80, también fue costumbre que los gobiernos se congraciaran con los militares al darles jugosos negocios que no dejaron utilidades al pueblo pero sí creó clases privilegiadas en la institución militar.
El decreto del Ejecutivo autoriza hacer uso de terrenos administrados por las Fuerzas Armadas, para sembrar recursos forestales y agrícolas que luego serán comercializados.
El financiamiento lo efectuará el Instituto de Previsión Militar (IMP) y los beneficios serán exclusivos de los afiliados al IPM.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, Romeo Vásquez Velásqquez, pidió al presidente Lobo analizar con más detenimiento este decreto.
“En este momento, a finales de un gobierno, cualquier decisión que se tome da lugar a malas interpretaciones”, afirmó el candidato presidencial de la Alianza Patriótica Hondureña.
A su criterio, los predios en poder de las FF AA deben utilizarse como una fuente de trabajo “para plantar árboles de crecimiento rápido orientados al consumo de leña. En Honduras tenemos un consumo de diez mil millones de metros cúbicos de leña que se consumen como energía”, dijo.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros debe ser “consensuado, hay que tratar que esto se haga en el nuevo gobierno para evitar las malas interpretaciones”, sugirió.
Por su parte, el exinspector general de las FF AA, Luis Alonso Maldonado Galeas, actual miembro de la Comisión de Seguridad de la campaña del Partido Liberal, dijo que el proyecto no es malo, pero puede prestarse a “suspicacias” porque beneficia solo a una pequeña parte de la población.
“Pueden haber algunas suspicacias de la interpretación de la medida. Debe de tener un impacto más amplio en beneficio de la sociedad”, dijo.
Reconoció que los beneficios del IPM ahora se han ampliado a los policías y a los bomberos.
Maldonado Galeas informó que las FF AA tienen terrenos disponibles en varias unidades militares, pero no se trata de miles de hectáreas, como algunos pueden creer.
Hay predios importantes en el Noveno Batallón de Infantería, en El Paraíso; Tercer Batallón en Naco, Cortés; en el Decimosexto Batallón de Infantería en Olancho, donde también opera el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército (CAME).
“Las unidades militares no tienen tantas extensiones como para poder estimar de que cubren una gran parte territorial, son espacios limitados que más bien deberían de ampliarse para contribuir a que se desarrollen las actividades normales en las unidades, tanto de entrenamiento como de disparo y de seguridad”, dijo.
EL HERALDO llamó al portavoz de las FF AA, Jeremías Arévalo, para conocer en detalles el proyecto autorizado por el Consejo de Ministros, pero dijo que estaba en una reunión.
Prometió devolver la llamada y no lo hizo. En el IPM se prometió gestionar una entrevista con las autoridades de la institución.
El decreto ejecutivo tiene que ser publicado en el diario oficial La Gaceta.