Tegucigalpa, Honduras.- De cara a las elecciones generales en Honduras, la ley tiene prohibiciones relacionadas con la propaganda política durante el proceso electivo. ¿Cómo castiga la ley a quienes destruyan la publicidad de cualquier partido o candidato independiente?
Según la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, específicamente en el artículo 17 del Reglamento para la Supervisión y Control de Campaña y Propaganda Electoral, Encuestas y Sondeos de Opinión, "los infractores serán sancionados con una multa de cinco a 20 salarios mínimos, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal que proceda", dice parte del artículo.
El reglamento también establece que se prohíbe colocar propagandas en bienes públicos y usar símbolos religiosos, nacionales o extranjeros, así como emplear imágenes que puedan afectar la salud mental o promover el odio, la discriminación o el racismo.
Asimismo, se prohíbe la propaganda política sin pie de imprenta, en lugares autorizados por otros actores, y con fines de desprestigio o que inciten a la violencia.
Además, se prohíbe el uso de recursos públicos, la propaganda sonora desde el espacio aéreo, destruir propaganda rival y distribuirla durante el día de las elecciones.
¿Qué sanciones se aplican para quienes no retiren la propagada política?
Además, existen reglas establecidas acerca de qué debe ocurrir con la propaganda una vez finalizadas las elecciones.
Según el artículo 28 del reglamento: "El partido político, alianza de partidos políticos o candidatura independiente infractora será sancionada con una multa de hasta cien (100) salarios mínimos según la cantidad de propaganda no retirada. En el caso de las vallas publicitarias, el retiro es responsabilidad del propietario de la misma, quien también puede ser sancionado".
Estas restricciones enmarcadas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, tienen el objetivo de prevenir prácticas que puedan afectar la equidad y legalidad del proceso electoral en pro de la democracia.
En ese sentido, el reglamento insta a que los políticos y ciudadanos se apeguen a la ley, respetando las prohibiciones para evitar sanciones, previo a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 en el país.
