Paniagua: "Existen los votos para juicio político... también va a depender de los intereses que hay"

Tegucigalpa, Honduras.- El ambiente de alta polarización política reflejado en los señalamientos de corrupción, la crisis legislativa de 2022-2025 y los sucesos durante el reciente proceso electoral mantiene el juicio político como una constante amenaza de confrontación, más que como una herramienta efectiva de justicia.

Sobre la aplicación de esta polémica figura de destitución del presidente de la República y de los funcionarios electos por el Congreso Nacional, el abogado constitucionalista Raúl Paniagua respondió varias interrogantes.

¿Realmente el juicio político se creó para proteger los intereses de la nación, de la democracia?

En primer lugar, ese es el fin. Controlar la institucionalidad, que aquel funcionario que no adecúe su comportamiento a la Constitución, a la normativa, entonces es una persona que prácticamente debe salir del del poder. Actualmente aparentemente se le está dando un sentido más que todo político ideológico, lo que no debe ser así. Ese que en el pasado algunas personas, como por ejemplo Rolando Argueta y Óscar Fernández Chinchilla, cometieron una serie de actos delictivos, violaron la Constitución de la República, violaron derechos humanos y no les pasó nada y nadie hablaba de juicio político, ni el mismo Consejo Nacional Anticorrupción.

Entonces, ¿qué representa en sí el juicio político?

Es un mecanismo de defensa que tiene la propia Constitución para hacerla efectiva en el momento que un que un funcionario no adecúe su comportamiento a la propia carta magna y la consecuencia es que esa persona deja el cargo y posible que se someta a alguna acusación penal por parte del Ministerio Público. Son dos acciones independientes. Una es eminentemente política y la otra es eminentemente jurisdiccional.

¿Qué necesita el Congreso Nacional para llamar a un funcionario a juicio político?

Lo que se necesita inicialmente es que alguien o uno de los diputados presente la solicitud de juicio político para que se conforme una comisión de investigación de esos delitos o de esas violaciones a la Constitución de la República. Se realiza una investigación y después se somete al pleno para determinar si se saca del poder o no a una persona.

¿Es posible llevar a cabo este mecanismo de manera correcta en Honduras?

Sí es posible y actualmente existen los votos para someter a juicio político a una persona, pero también va a depender de los intereses que haya. Actualmente pueden haber negociaciones directamente entre un fiscal general de la República y la bancada de un partido, o fuerte incidencia en partidos para obtener los votos y sacar del poder a un funcionario. Esa es una hipótesis, es una posibilidad que se puede dar en cualquier tiempo.

¿Si hay negociaciones existe el riesgo que el juicio político se convierte en una herramienta de presión o de impunidad?

Claro que sí, se puede convertir en un arma de impunidad. Porque no te saco del poder, pero me dejas de acusar, o no me vayas a investigar a estas personas que son gente de mi partido que pues están siendo investigadas o que están siendo acusadas penalmente por el Ministerio Público. Eso se torna como un arma de doble filo completamente.

¿Cuál será el mensaje que se enviará si se somete a juicio político al fiscal general y al consejero Marlon Ochoa?

Depende de cómo se ejecute, es que los políticos juegan al interés del momento porque anteriormente, antes de las elecciones, los diputados más relevantes de los partidos políticos del oficialismo y de la oposición, en este caso el Partido Liberal, hablaban fuertemente del juicio político. Ahora, todo mundo callado, nadie menciona nada, ahora no pasa nada. Por tanto, aquellas voces que recientemente hablaban del juicio político ya no han vuelto a mencionar nada. Por tanto, eso tiene un significado también. Otro mensaje que puede dejar es que te voy a quitar del poder porque no representas mis intereses. Pero también existe el riesgo de que no se está combatiendo las violaciones a la Constitución de la República.

¿Hablar de juicio político significa destitución?

Puede ser que no lo destituya porque hay un momento procesal donde al funcionario le dan el derecho de defensa, donde él hace sus exposiciones con respecto a la acusación por la cual se le está realizando juicio político. El caso se somete a votación y si el pleno tiene los votos esa persona sale inmediatamente del cargo, es destituida y el Congreso Nacional tendría que nombrar a otra persona.

¿Y se le podría perseguir posteriormente por posibles delitos?

Sí, claro que sí. Incluso si el Congreso Nacional lleva a cabo un juicio político y el funcionario no está de acuerdo, puede al Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde se decidirá la legalidad o no del proceso.