Tegucigalpa, Honduras.- Honduras llegó a la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada del 6 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, con más promesas que resultados.
Así lo muestra el informe “De las promesas a la realidad”, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Según el documento, el gobierno de Xiomara Castro habla de justicia climática en su gestión ambiental entre 2022 y lo que va de 2025, pero los datos muestran una realidad completamente diferente: los bosques desaparecen, hay defensores asesinados y compromisos que se diluyen con el tiempo.
Según los datos recopilados, la pérdida anual de bosques entre 2015 y 2025 alcanza las 71,399 hectáreas, lo que representa un costo para el Estado de 29.6 millones de lempiras, casi el triple de lo destinado este año a textos escolares.
El daño no solo se mide en árboles talados. La impunidad en los delitos ambientales supera el 90%. En 2024 se registraron 966 denuncias, de las cuales apenas 56llegaron a sentencia, según el informe.
¿Qué es la COP?
La COP es la cumbre climática más importante del mundo. Convocada por las Naciones Unidas, reúne a líderes, científicos y organizaciones de más de 190 países para evaluar los avances y compromisos frente al cambio climático.
Honduras ha participado en estas reuniones desde su creación, en 1995. Sin embargo, su rol ha sido inconsistente, pues hay años de protagonismo y otros de ausencia.
En 2023, durante la COP28 en Dubái, el gobierno envió 137 delegados; un año después, en Azerbaiyán, la cifra se redujo a 16 y la presidenta no asistió.
Esta vez, Castro encabezó la delegación junto al canciller Javier Bú; el ministro de Ambiente, Lucky Medina; el embajador en Brasil Raúl Graugnard y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
También viajó un grupo de periodistas (para cubrir el evento) y otros invitados, aunque el gobierno no ha revelado la lista completa de participantes ni el costo del viaje.
En la COP30 la gran ausencia fue Estados Unidos, país que no envió a ningún alto representante en el evento. La Casa Blanca ya lo había anticipado.
Promesas y contradicciones
El gobierno de Castro llegó al poder con una fuerte narrativa ambiental. En 2022 declaró a Honduras “territorio libre de minería a cielo abierto”, una medida aplaudida dentro y fuera del país.
“En atención al Programa de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro, en consonancia a los principios de justicia climática, respeto, protección a los recursos naturales: Se declara todo el territorio libre de minería a cielo abierto”, dice un comunicado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Pero tres años después, las concesiones mineras siguen activas, según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN). En los informes mensuales, la institución no publica información de cuántas concesiones mineras han facilitado, solo se limita a decir si hubo o no.
En el informe anual de 2024, el registro más reciente, la institución menciona que hubo 554 dictámenes legales de otorgamiento de concesión minera, pequeña minería, delimitación de área y comercialización y concesión de beneficio.
En 2023, la presidenta anunció en la COP28 un incremento del 500% en la inversión pública para la protección ambiental y la reforestación, pero los avances siguen sin reflejarse.
Ese mismo año, se aprobó la Ley Especial de Transacciones de Carbono, la cual establece el marco para generar, registrar y comercializar créditos de carbono, donde no se contempló a los pueblos indígenas y afrodescendientes, al igual que el anuncio de la cárcel en Islas del Cisne, aunque esta última no se concretó.
En 2024 se decretó emergencia ambiental y se lanzó la estrategia de “Cero Deforestación al 2029”, que prometía revertir el daño forestal. De las 18 acciones planteadas, solo cinco se cumplieron, ocho no se ejecutaron y cinco continúan en proceso.
A la par surgieron decisiones criticadas, como el anuncio del Tren Interoceánico, que pone en riesgo zonas protegidas y comunidades indígenas y la creación de licencias ambientales exprés en 2025, contrarias a la Ley General del Ambiente.
Retrasos
A pesar de los discursos sobre transición verde, la ENEE prioriza la generación térmica, con un 42% de energía basada en combustibles fósiles, según el informe de la ASJ.
“El porcentaje de energía renovable cayó de 66% en 2021 a 55% en 2024, mientras el país incorporó 353 megavatios a base de diésel, de los cuales el 58% corresponde a arrendamientos”, indica el documento.
Además, la defensa del ambiente se ha vuelto una tarea de alto riesgo. Entre 2012 y 2023, un total de 149 ambientalistas fueron asesinados en Honduras, la mayoría sin justicia.
Uno de los casos más recientes es caso del activista Juan López, asesinado hace un año; tres personas fueron capturadas como presuntos autores materiales, pero los autores intelectuales siguen libres.
"La falta de consulta previa libre e informada más la promoción de un desarrollo dependiente del extractivismo que degrada el medio ambiente han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para defender el ambiente", advierte el informe, que critica además la falta de avance en la ratificación del Acuerdo de Escazú, instrumento regional que busca proteger a los defensores ambientales
El costo de la inacción, advierte el documento, es alto. Las tormentas Eta, Iota y Julia dejaron más de cuatro millones de personas afectadas y más de 100 muertes, con pérdidas aproximadas de 1.8 millones de lempiras, equivalentes al 7.5% del PIB.
"Entre el 2000 y 2020, el número de emigrantes internacionales hondureños se duplicó, con la primera gran oleada que desencadenó el huracán Mitch en 1998 después de causar graves interrupciones en muchos de los medios de subsistencia", dice parte del documento.
La falta de infraestructura resiliente, como evidenció el colapso recurrente del puente Saopín en La Ceiba, mantiene al país atrapado en un ciclo de reconstrucción y vulnerabilidad.
“El cambio climático no es un pronóstico, es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos”, dijo la presidenta Castro en su discurso en Belém. Sin embargo, los datos revelan que Honduras continúa entre los tres países más vulnerables del mundo frente a los desastres climáticos.
Ante esto, ASJ recomendó al Estado asegurar un marco jurídico e institucional sólido, mejor planificación territorial, priorizar la inversión en infraestructura resiliente y "asegurar recursos financieros y técnicos especializados suficientes para reducir la impunidad en los delitos ambientales y en el asesinato de los defensores del ambiente y la tierra".
