En manos de personal policial sin experiencia ni conocimientos en cuidado, control y manejo de privados de libertad quedó la cárcel de “máxima seguridad” desde el 28 de mayo que el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, la traspasó al Comando de Operaciones Especiales (Cobras).
Así lo confirman documentos que están en poder de organismos de Derechos Humanos que se oponen a la decisión.
A raíz de los actos violentos ocurridos en los últimos días, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares le envió una nota a la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, solicitándole su intervención para que se implemente la Ley del Sistema Penitenciario.
Primero fue el atentado criminal perpetrado por el interno Ramón Cálix Hernández, alias “Moncho Cálix”, quien disparó contra un grupo de pandilleros de la Mara 18, dejando heridos a tres de ellos.
Después el hallazgo de otra pistola en una celda de mareros, lo que originó la suspensión de los directores de la Penitenciaría Nacional Marco
Aurelio Soto (pnmas), Wilmer Martell Valle, y del de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), comisionado Ismael Colindres Hernández.
La determinación de Bonilla ha generado una controversia, porque existen documentos que demuestran que ambos oficiales quedaron al margen de la administración y que los policías capacitados fueron sustituidos por elementos “Cobras”.
Notas de soporte
Notas en poder de organismos defensores de Derechos Humanos a las que tuvo acceso EL HERALDO revelan todo lo relacionado con el traspaso del módulo de Segregación Administrativa al los “Cobras” y la falta de capacidad de las autoridades asignadas.
En una comunicación fechada el 28 de mayo, el oficial de planta de la DNSEP, Roberto Merlyn Lagos Baca, le informó al director de la PNMAS, subcomisario, Marvin Rajo Galo, de la entrega del módulo de Segregación Administrativa con todos los bienes inmuebles al inspector Gustavo Adolfo Maradiaga.
Lo mismo hizo el oficial Rajo con el entonces director de la DNSEP, comisionado Abrahán Figueroa Tercero.
Una notificación que recibió Rajo Galo pone al desnudo la incapacidad del personal y fue enviada por un inspector de nombre José Reynieri Díaz Oliva, de los “Cobras”.
En la misma le explica a Rajo que el 28 de mayo, en la formación de las 7:30 de la mañana fue notificado por el comandante de los “Cobras”, Leandro Osorio Santos, que debía presentarse a realizar servicio como oficial encargado de la cárcel de máxima seguridad.
En una parte de la nota explica que “me permito informar que no tengo el conocimiento ni la experiencia y tampoco he recibido seminarios ni capacitaciones en el cuidado, control y manejo de personas privadas de libertad”.
Lo anterior es una muestra fehaciente de que el módulo que alberga a secuestradores, asesinos y cabecillas de maras de alta peligrosidad como la banda de los Osorio, el mismo “Moncho Cálix”, entre otros, es manejada por gente inexperta.
Carta a la embajadora de EUA En una carta enviada a la embajadora Lisa Kubiske con fecha 26 de julio, la subdirectora del Centro contra la Tortura, Alba Mejía, le hace una exposición amplia del apoyo técnico y financiero que culminó en octubre de 2011 y que tuvo lugar a la apertura del módulo de máxima seguridad.
Agrega que el apoyo técnico incluyó la formación del personal penitenciario que se capacitó para cumplir el propósito de “velar por la seguridad, orden, disciplina, higiene y salubridad de los privados de libertad”, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación del Delincuente.
Agrega que ocho días después de que el comisionado Juan Carlos Bonilla tomara posesión del cargo de director de la Policía Nacional, fueron relevados en su totalidad los 46 policías, de los 88 capacitados que comenzaron a operar en el mes de octubre del 2011 bajo el mando de la DNSEP.
En el documento explica que en su momento, organismos de Derechos Humanos gubernamentales y no gubernamentales solicitaron al comisionado Óscar Colíndres Hernández el retiro de los “Cobras” por no tener competencias que los policías penitenciarios adquirieron en la formación que recibieron en Estados Unidos.
“Preocupa profundamente a nuestra organización la medida incorrecta adoptada por el director de la Policía Nacional al hacer cambios que han dado origen a la violación de derechos humanos en el módulo de Máxima Seguridad”, puntualizó.
