Tegucigalpa, Honduras
El Juzgado de Letras en Materia de Corrupción declaró sin lugar la petición de revisión de medidas solicitada por la defensa legal de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, esta petición fue presentada extemporáneamente, es decir, que el expediente judicial aún estaba en la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.
“La petición de revisión de medidas fue presentada (el lunes) 8 de mayo a las 3:45 de la tarde, hasta ese momento la jueza tenía suspendida su jurisdicción ya que el expediente estaba en apelación”, informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
Indicó que el expediente que estaba en la Corte de Apelaciones ingresó hasta el miércoles a las 9:50 de la mañana aproximadamente, la jueza resolvió la petición a las 8:30 de la mañana, es decir, antes de que el expediente bajara a la secretaría del Juzgado Anticorrupción.
“Lo que se resolvió fue declararlo sin lugar por ahora, se tiene que tener la certeza que el expediente ha regresado a las manos del Juzgado de Letras y volver a presentar el escrito para que sea resuelto conforme a derecho”, dijo Duarte.
En ese sentido, la defensa de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla tuvo que volver a presentar otra solicitud, la cual debe ser resuelta en el término de 48 horas.
El abogado Julio Ramírez, defensor de Bonilla de Lobo, presentó la nueva solicitud en horas de la tarde.
“Ciertamente no había bajado, ella (la jueza) falla un auto, por ahora, sin lugar la revisión de medidas sin tener el expediente en la mano a las 8:00 de la mañana”, manifestó.
“Volví a presentar la revisión de medidas, pero es necesario advertir que no puede estar mi clienta Rosa Elena Bonilla Ávila bajo un proceso que la animosidad personal prevalezca sobre la ampliación de derecho como corresponde”, cuestionó.
La defensa del señor Mauricio Mora también interpuso una solicitud de revisión de medidas.
Luego de conocer esa solicitud, la jueza dejará en libertad a Bonilla, porque la Corte de Apelaciones modificó los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos por fraude y apropiación indebida. Estos delitos no comprenden la prisión como medida preventiva.
